CONSTITUCIÓN vs INDEPENDENTISMO

Constitución

CONSTITUCIÓN vs INDEPENDENTISMO

Las autoridades catalanas están incumpliendo la Constitución y su estatuto de autonomía con total impunidad. Al menos hasta esta semana.

Cataluña vive días agitados, días de movilizaciones ciudadanas y registros en sedes administrativas, de partidos políticos e incluso en mensajerías e imprentas. Un auténtico esperpento que no hace demasiado bien a la “Marca España” ante la opinión pública internacional.

Los defensores del Procés se presentan a sí mismo como víctimas de un estado autoritario y represivo -el español- que cercena sus más elementales derechos ciudadanos. Denuncian que el gobierno español limita su derecho a votar, a decidir sobre el futuro de su gente y de su tierra.

Para valorar si la actuación del gobierno central está siendo proporcionada y ajustada a Derecho -lo cual no será objeto de esta publicación- primero debemos pasar la prueba del nueve a las últimas decisiones del “Bloque soberanista” y analizar si las mismas tienen encaje constitucional y estatutario.

Respecto a la Constitución española

Haciendo una ligera lectura de nuestra Carta Magna podemos encontrar no menos de 18 preceptos constitucionales que están siendo obviados por el gobierno catalán en sus más recientes decisiones políticas. Pasemos brevemente por cada uno de éstos:

Artículo 1

  1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Como estado democrático de derecho propugnamos que todos nuestros actos políticos y administrativos estarán sometidos al Imperio de la ley, o lo que es lo mismo: los Poderes públicos y los ciudadanos de a pie no podemos hacer lo que está prohibido. Una definición que casa mal con la convocatoria de un referéndum para el que la Generalidad no tiene competencias y que pretende trocear la Soberanía nacional; la cual recae en todos los españoles y no sólo en una parte de ellos.

A mayor abundamiento, con su actuación están conculcando el propio artículo 1 del Estatuto de autonomía para Cataluña aprobado mediante Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, cuando dice: “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Otro tanto ocurre con el artículo 2.4 de la citada norma “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución”.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

El respeto a las particularidades de las diferentes comunidades dista mucho de justificar la división de nuestro país; razón por la cual no será posible convocar un referéndum de autodeterminación sin antes proceder a una revisión de la Carta Magna.

Señala al efecto el artículo 4 del Tratado de Maastricht que: “1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.

2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro”. Precepto que mantendrá a la Unión Europea del lado del Gobierno español en esta situación de conflicto -creado por los independentistas-,

Artículo 9

  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
  3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Las decisiones del gobierno catalán contradicen los mandatos del Tribunal Constitucional -supremo intérprete de nuestra Carta Magna-, desoyendo las resoluciones que han declarado ilegales tanto la convocatoria del referéndum como las conocidas como “Leyes de desconexión”, por cuanto las mismas no se encuentran entre las competencias propias o impropias de la comunidad autónoma.

La persecución diaria a los no nacionalistas es una realidad en la Cataluña de 2017 y ello es así, en gran parte, por la pasividad de las autoridades autonómicas. En estas condiciones no se garantiza la libertad ni la igualdad entre los ciudadanos de la región.

Las normas dictadas en materias sobre las que no se tiene competencia son contrarias al principio de legalidad y no respetan la jerarquía normativa de las disposiciones constitucionales. Toda una muestra de arbitrariedad por parte de los poderes públicos catalanes, quienes actúan obviando las más elementales normas democráticas, pues no conviene olvidar que las leyes son la expresión de la soberanía nacional e ir contra aquéllas es también atentar contra ésta.

El artículo 3.1 del Estatut señala: “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de multilateralidad”. Poca lealtad parecen mostrar con sus últimas actuaciones. En el punto siguiente (artículo 3.2) continúa diciendo que “Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos”. Una disposición que tampoco se está respetando por la propia Generalidad.

Pese al discurso nacionalista, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992 “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. El artículo 9 del Tratado de Maastricht continúa diciendo: “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla”. Una declaración de independencia “a la catalana” sería un hándicap a la hora de solicitar su adhesión a la Unión Europea -la cual requiere la unanimidad de todos los Estados miembros-.

Para más inri, el artículo 39 del Estatut dice: “1. Los poderes públicos de Cataluña deben orientar las políticas públicas de acuerdo con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de sus competencias, los poderes públicos de Cataluña deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena eficacia.

2. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

3. Los principios rectores son exigibles ante la jurisdicción, de acuerdo con lo que determinan las leyes y las demás disposiciones que los desarrollan”. Sobran comentarios.

Artículo 10

  1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Este precepto constitucional es, quizás, el que mejor prueba que la ruptura en la sociedad catalana obedece, en gran modo, a la falta de respeto a la ley y a los derechos de los demás. Perdidos éstos, perdido el orden político y la paz social.

El Artículo 4 del Estatuto de Autonomía para Cataluña señala que:

1. Los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen el presente Estatuto, la Constitución, la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los demás tratados y convenios internacionales suscritos por España que reconocen y garantizan los derechos y las libertades fundamentales.

2. Los poderes públicos de Cataluña deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas; deben facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social, y deben reconocer el derecho de los pueblos a conservar y desarrollar su identidad.

3. Los poderes públicos de Cataluña deben promover los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la justicia, la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y el desarrollo sostenible”.

Este precepto estatutario está siendo desoído por quienes toleran, cuando no alientan, a la persecución y hostigamiento de todo aquel que piensa diferente y tiene la osadía de decirlo públicamente. El primer mandamiento para cualquier movimiento absolutista es intentar callar a la “disidencia”.

En la misma línea se dice en el artículo 15 del Estatut que: “1. Los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes reconocidos por las normas a que se refiere el artículo 4.1.

2. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal.

3. Los derechos que el presente Estatuto reconoce a los ciudadanos de Cataluña pueden extenderse a otras personas, en los términos que establecen las leyes”. Aunque no está tan claro que se respete.

Otro tanto ocurre con el artículo 29.1 del citado texto normativo, cuando señala: “Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Cataluña, de forma directa o bien a través de representantes, en los supuestos y en los términos que establecen el presente Estatuto y las leyes”.

En la misma línea señala el artículo 37.1 del Estatut: “Los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del presente Título vinculan a todos los poderes públicos de Cataluña y, de acuerdo con la naturaleza de cada derecho, a los particulares. Las disposiciones dictadas por los poderes públicos de Cataluña deben respetar estos derechos y deben interpretarse y aplicarse en el sentido más favorable para su plena efectividad.

Los derechos reconocidos en los artículos 32 y 33 vinculan también a la Administración General del Estado en Cataluña”.

Por su parte, el artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea señala: “La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia”. Una concepción de unión de naciones muy diferente a la que demuestran tener los soberanistas.

El Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 dice sobre el particular en sus artículos 10.1; 14 y 17, respectivamente:

Sobre la Libertad de expresión:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”.

Sobre la Prohibición de discriminación:

El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.

Sobre la Prohibición del abuso de derecho:

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo”.

Conforme a los mismos las actuaciones de las autoridades catalanas están contraviniendo las normas esenciales del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; un primer paso preocupante para quienes pretenden confiarles su futuro y el de sus hijos.

Imagen: La Vanguardia Diada

Artículo 11

  1. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

La decisión de segregar parte del país conllevaría la pérdida de la nacionalidad española para todos aquellos catalanes que continuasen residiendo en la hipotética República catalana.

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La falta de respeto a las más elementales normas constitucionales y la persecución al que piensa diferente son una auténtica tropelía que no puede ni debe permitirse en una sociedad moderna y menos aun en un estado social y democrático de derecho.

El Estatuto de autonomía catalán señala en su artículo 43 que: “1. Los poderes públicos deben promover la participación social en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, con pleno respeto a los principios de pluralismo, libre iniciativa y autonomía.

2. Los poderes públicos deben facilitar la participación y representación ciudadanas y políticas, con especial atención a las zonas menos pobladas del territorio.

3. Los poderes públicos deben procurar que las campañas institucionales que se organicen en ocasión de los procesos electorales tengan como finalidad la de promover la participación ciudadana y que los electores reciban de los medios de comunicación una información veraz, objetiva, neutral y respetuosa del pluralismo político sobre las candidaturas que concurren en los procesos electorales”. Una situación harto complicada en un estado de represión a quien piensa diferente. Y como muestra, un botón:

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-22/ataque-tienda-padres-albert-rivera-independentismo-carteles_1447844/

http://www.eldiario.es/politica/PSC-denuncia-ataque-Barcelona-agredidos_0_688731950.html

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-6-jovenes-proximos-investigados-atacar-sede-pp-catalan-no-acuden-declarar-201706011209_noticia.html

Artículo 16

  1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

La libertad ideológica no queda protegida por quienes amparan a los que atacan a quien piensa diferente, y esto es una constante en la Cataluña actual.

Artículo 20

  1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Este derecho no está protegido por quienes acosan al que opina diferente y le hostigan para que guarde silencio y se pliegue ante la opinión de los violentos.

Artículo 31

  1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

La madre del cordero, el origen de todo este movimiento es el “Espanya ens roba”, un mantra que, de tanto repetirlo, ha terminado calando hondo en la opinión pública catalana. Este posicionamiento político es contrario a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado por considerar que su dinero no debe ir a otras comunidades autónomas españolas, sino revertirse íntegramente en Cataluña; evitando así contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de otras regiones.

Mención aparte merece el hecho de que los territorios (ni Cataluña ni ningún otro) pagan territorios, sino que son los ciudadanos y las empresas quienes lo hacen. Cataluña no paga impuestos, son los catalanes quienes lo hacen.

Artículo 40

  1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

El objetivo del independentismo es insolidario, pues consiste en no contribuir a la redistribución de las rentas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de otras regiones, como se dijo en el apartado anterior.

Artículo 92

  1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
  2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

La forma de convocar un referéndum constitucionalmente admisible es la señalada en este precepto y en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, que la desarrolla. También podrán hacerlo las demás administraciones, pero siempre en su ámbito de competencias.

En este sentido señala el artículo 122 del Estatut: “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución” (“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”). La ilegalidad del referéndum es, por ende, incuestionable.

Artículo 103

  1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
  2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

El Bloque soberanista sirve a sus propios intereses y no al del resto de catalanes y demás españoles, adoptando decisiones que les están vedadas constitucionalmente por corresponder al Legislativo nacional (Congreso y Senado).

Actuar de forma contraria a la ley va contra la seguridad jurídica y puede llevar a los ciudadanos a pensar que las normas son de aplicación residual y, por ende, no deben ser respetadas. La Historia nos ha mostrado qué ocurre cuando las sociedades no están reguladas por unas normas de convivencia -entre las cuales se encuentran las leyes-.

Al efecto cítese el artículo 30.2 del Estatuto de Cataluña: “Todas las personas tienen derecho a ser tratadas por los poderes públicos de Cataluña, en los asuntos que les afectan, de forma imparcial y objetiva, y a que la actuación de los poderes públicos sea proporcionada a las finalidades que la justifican”. Precepto que está siendo igualmente conculcado por las autoridades catalanas; y conviene recalcar que Puigdemont “…tiene la más alta representación de la Generalitat y dirige la acción del Gobierno. También tiene la representación ordinaria del Estado en Cataluña”, según señala el artículo 67.1 del Estatut; mientras que “El Parlamento representa al pueblo de Cataluña” (de todos los catalanes) según el artículo 55.1 de la referida norma.

El artículo 71.2 del citado texto legal señala: “La Administración de la Generalitat sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sumisión plena a las leyes y al derecho”.

Artículo 138

  1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
  2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Contra estos principios van dirigidas las acciones soberanistas, pues pretenden obviar el principio de solidaridad y disfrutar de unos privilegios que muestran su profundo egoísmo.

Artículo 117

  1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Presionar a los jueces y magistrados y azuzar a los ciudadanos contra éstos acusándoles de ser el brazo ejecutor de una supuesta represión gubernamental muestra una absoluta mala fe y un desconocimiento gravísimo de los principios esenciales de la Judicatura: Independencia y sometimiento al imperio de la ley.

Artículo 118

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Son varias las resoluciones judiciales contrarias a las últimas decisiones del Parlamento de Cataluña y de ayuntamientos independentistas por su anticonstitucionalidad e ilegalidad. No obstante lo anterior, los soberanistas continúan en una huida hacia adelante que se fundamenta única y exclusivamente en que se consideran intocables. Veremos.

Artículo 128

  1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

El interés general de todos los españoles, no sólo de parte de éstos. Difícilmente podrán exigir a sus ciudadanos que paguen impuestos cuando están haciendo de la desobediencia, la insolidaridad y la irresponsabilidad su bandera.

Artículo 139

  1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
  2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Las medidas del Parlamento van justo en la dirección contraria a lo marcado por este precepto constitucional, hacia la separación entre españoles.

Artículo 149

  1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Siendo competencia estatal es absurda la solicitud planteada por el Bloque soberanista y no lo son menos las llamadas al diálogo de quienes saben que no puede accederse a la principal petición de los catalanistas más acérrimos.

A la vista de lo anterior, habiendo adoptado decisiones claramente contrarias al orden constitucional y al principio de legalidad, los independentistas catalanes exigen el respeto a un derecho que no les es aplicable -la autodeterminación-; por estar previsto para países sin capacidad de autogobierno mientras soslayan todos los derechos de los catalanes, llevándoles a una situación de absoluta inseguridad jurídica y de ruptura total con el resto de compatriotas.

Ni tan siquiera se respeta la bandera definida en el artículo 8.2 del Estatuto de autonomía, considerando más representativa la creada por Vicenç Albert Ballester a principios del siglo pasado.

Es claro que se ha intentado crear un censo con los datos que, por distintos motivos, tiene la Administración catalana de sus ciudadanos, contraviniendo no sólo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, sino también el artículo 31 del Estatuto, que previene: “Todas las personas tienen derecho a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros que son competencia de la Generalitat y el derecho a acceder a los mismos, a su examen y a obtener su corrección. Una autoridad independiente, designada por el Parlamento, debe velar por el respeto de estos derechos en los términos que establecen las leyes”. En la misma línea se desarrolla el artículo 156 del Estatut.

Con estas y otras actuaciones se están violando las normas más fundamentales del Estado, de la Comunidad autónoma e incluso al derecho a la representación de los catalanes, ya que aquéllos que han conseguido más votos, pero menos escaños, están siendo silenciados por una Presidencia del Parlamento más propia de un gobierno dictatorial que de una democracia consolidada; y ello pese a lo prevenido en los artículos 30.2 y concordantes del Estatuto: “Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a elegir a sus representantes en los órganos políticos representativos y a presentarse como candidatos, de acuerdo con las condiciones y los requisitos que establecen las leyes”.

Pese a que las decisiones adoptadas en las últimas fechas por los líderes soberanistas no son propias de un estado moderno ni democrático de derecho, están siendo aplaudidas por una parte importante de la sociedad catalana, probablemente aquélla más influencia por una campaña de adoctrinamiento que viene de lejos gracias a las competencias en materia de educación y de medios de comunicación social de que disfruta la Generalidad.

El artículo 21.1 del Estatut señala que: “Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma en condiciones de igualdad. La Generalitat debe establecer un modelo educativo de interés público que garantice estos derechos”. El artículo 131 de la citada norma continúa diciendo: “2. Corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva que incluye:

a) La regulación de los órganos de participación y consulta de los sectores afectados en la programación de la enseñanza en su territorio.

b) La determinación de los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil y la regulación de los centros en los que se imparta dicho ciclo, así como la definición de las plantillas del profesorado y las titulaciones y especializaciones del personal restante.

c) La creación, el desarrollo organizativo y el régimen de los centros públicos.

d) La inspección, la evaluación interna del sistema educativo, la innovación, la investigación y la experimentación educativas, así como la garantía de la calidad del sistema educativo.

f) La formación permanente y el perfeccionamiento del personal docente y de los demás profesionales de la educación y la aprobación de directrices de actuación en materia de recursos humanos”. Controlar la Educación es controlar el futuro y si no se pone pie en pared pronto, seguirá aumentando el número de independentistas creados en las escuelas públicas catalanas con el dinero de todos los españoles.

Sobre los medios de comunicación dice el artículo 52 del Estatuto: “1. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso. En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública la información también debe ser neutral.

2. Los poderes públicos deben promover las condiciones para garantizar el acceso sin discriminaciones a los servicios audiovisuales en el ámbito de Cataluña”. Este precepto es la antítesis de lo que se viene haciendo de TV3, Catalunya Radio y demás entes autonómicos catalanes.

El artículo 155 de la Constitución española

Como colofón hago referencia al tan traído artículo 155, del que Josep Borrell ha llegado a decir que “no es la bomba atómica” por la zozobra que ha generado su posible aplicación como consecuencia de la falta de responsabilidad de los dirigentes catalanes.

Este artículo, traducido y copiado de la Constitución alemana (“Ley fundamental para la República Federal Alemana” en su denominación original) sencillamente fija un mecanismo para que el Estado central pueda corregir las decisiones adoptadas por cualquier autonomía fuera del marco legal de la propia Constitución y el del ordenamiento jurídico.

No significa la eliminación de la autonomía, catalana en este caso, sino una suspensión temporal para enmendar todo aquello que se ha hecho mal, con el objeto final de proteger el interés general de España. Y resulta curioso que se hable de represión y de actuación antidemocrática cuando según el artículo 164.3 del Estatut: “Corresponde a la Generalitat, en el marco de la legislación estatal sobre seguridad, las facultades ejecutivas que le atribuya el Estado y en todo caso: a) Las funciones gubernativas sobre el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación”.

Señala el citado artículo 155 de nuestra Constitución:

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

  1. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
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