EXPROPIACIONES DE AZOTEAS

8-4-09-005El pasado 30 de abril del corriente PP; PSOE, CiU y PNV (siempre de la mano cuando se trata de temas económicos) aprobaron el Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, actualización la de 2003 y trasponiendo a nuestro Ordenamiento Jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2009/136/CE, de 25 de noviembre y 2009/140/CE, de 25 de noviembre también.

En la Exposición de motivos de la citada norma se hace referencia a la “Estrategia Europa 2020” en virtud de la cual todos los hogares europeos deberán tener acceso en tal año a un servicio de internet de, al menos, 30 Mbps; debiendo, cuanto menos el 50 % de los mismos, contar con una conexión de banda ancha superior a los 100 Mbps. Dicha estrategia exigirá una inversión de 23.000 millones de Euros sólo en España y se prevé puede tener una notable incidencia en nuestro PIB, así como en la alarmante tasa de desempleo que venimos padeciendo.

Dichos servicios son considerados de “interés general” por su especial trascendencia para la economía y la vida de las personas. Amparándose en dicho argumento, la citada norma trae consigo la facultad de expropiar el uso de las azoteas de las comunidades de propietarios que se consideren necesarias para una adecuada prestación del servicio. Dicha disposición legal surge como respuesta a la imposibilidad de instalar nuevas antenas en las zonas más pobladas -por la negativa de sus propietarios-, donde por otro lado crece exponencialmente la demanda de sus servicios.

Ante tal dicotomía, El Gobierno (amparado por PSOE, CiU y PNV) ha optado por favorecer la instalación de antenas donde mejor convenga al servicio, incluso contra la voluntad de los legítimos titulares de los inmuebles donde se instalarán las antenas; pese a que el Tribunal Supremo señaló en su sentencia de 18 de julio de 2011 que la colocación de una antena de telefonía en la azotea de un edificio no resulta ser una simple cesión de un espacio comunitario, sino que constituye una modificación estructural, que requiere el consentimiento unánime de la Junta General.

Al efecto, el artículo 29 del Proyecto de ley señala que: “1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa…“.

Por su parte, el artículo 30 del Proyecto regula el derecho de ocupación del dominio público para tal fin, “…en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate…“.

Con esta norma queda clara la prioridad de nuestros gobernantes, que no es otra que favorecer a las grandes compañías del sector de las comunicaciones (en cuyos consejos de administración terminan muchos de ellos), pues con otro tipo de regulación los operadores se verían obligados a promover y desarrollar nuevas tecnologías, menos nocivas para la salud (según algunos estudios) o a abonar a los propietarios unas indemnizaciones mayores por la ocupación de sus azoteas. La regulación definitiva, con referencia a la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa, conllevará el abono de un “justiprecio” sensiblemente inferior al importe que en una negociación bilateral podrían llegar a exigir los propietarios; pues conforme a lo prevenido en los artículos 350 y concordantes del Código Civil: “El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía“. Y es que como decía el latino: “Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos” (“El propietario del suelo lo es desde el cielo hasta el infierno”).

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