INVESTIGADOS o IMPUTADOS

Se plantea una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¡quién lo diría!, si sólo se aprobó el 14 de septiembre de 1882 (aunque con múltiples modificaciones y enmiendas). Las medidas más interesantes para los promotores de la reforma son las siguientes:

1) Los “imputados” pasarán a ser denominados “investigados” . ¿Qué se gana con esto?, pues que cuando uno de los suyos sea llamado a presencia judicial como sospechoso de la comisión de un delito, dejará de considerársele como culpable del mismo sin juez ni juicio. Al menos en teoría, y al menos durante el tiempo que tardemos los medios de comunicación y sus espectadores, oyentes y/o lectores en asociar uno y otro concepto…en fin, una raya en el agua.

2) La instrucción de los procedimientos no podrá durar más de seis meses. Gracias a esto los juzgados instruirán todos los procesos en un tiempo limitado, evitando así que quienes se vean inmersos en ellos tengan sobre sí la losa de la culpa durante años (pregunten a alguno de los imputados en los casos de los EERREE irregulares de Andalucía, Gürteles y demás).

Una y otra medida demuestran un absoluto desconocimiento de nuestro sistema judicial. Empezando por el final, si los procedimientos se dilatan más de seis meses no es por desidia de los funcionarios implicados en su tramitación, obedece a que los mismos padecen un volumen de trabajo insoportable y a una ausencia de medios que ya comienza a ser sospechosa. Esta falta de inversión es voluntaria y maliciosa; sencillamente no conviene un Justicia ágil. Si se quiere, se puede.

La primera de las propuestas es aun menos racional, pues por el mero hecho de modificar la nomenclatura procesal no se soluciona un asunto que es digno de estudio en este país. Por un lado tenemos a una opinión pública que inmediatamente asocia detenido con culpable; y por otro lado tenemos una Justicia sobrepasada, ineficiente, arcaica y politizada incapaz de solucionar los asuntos en un plazo razonable.

El proceso” de Franz Kafka (publicado en 1925) sigue reflejando la realidad de cómo se siente un ciudadano cualquiera ante la Justicia. El sistema precisa no de una simple reforma, sino de una revisión completa…comenzando por el presupuesto.

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