LOS DELITOS LEVES

Desde el Ministerio de Justicia se reconoce que la reforma de las faltas obedece a un doble objetivo: descongestionar los Juzgados de Instrucción y aplicar el principio de intervención mínima del Derecho Penal, cuando dice en la Exposición de Motivos: “Con esta modificación se introduce un instrumento que permite a los Jueces y Tribunales prescindir de la sanción penal de las conductas de escasísima gravedad, con lo que se consigue una realización efectiva del principio de intervención mínima, que orienta la reforma del Código Penal en este punto; y, al tiempo, se consigue descargar a los Tribunales de la tramitación de asuntos menores carentes de verdadera relevancia que congestionan su actividad y reducen los recursos disponibles para el esclarecimiento, persecución y sanción de las conductas realmente graves”.

Tanto el Consejo General del Poder Judicial, como la Fiscalía General del Estado y la Abogacía, vienen defendiendo desde hace tiempo la supresión de las infracciones penales constitutivas de falta “por la notoria desproporción que existe entre los bienes jurídicos que protegen y la inversión en tiempo y medios que requiere su enjuiciamiento; pero también por la dudosa necesidad de que conductas carentes en muchos casos de gravedad suficiente, deban ser objeto de un reproche penal”, según viene recogida en la propia Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica.

Si bien es cierto que la opinión mayoritaria de los juristas de toda índole coincide en la necesidad de suprimir las faltas del Código Penal, no lo es menos que los argumentos y motivaciones son diferentes. Por un lado, la Judicatura y la Fiscalía justifican tal necesidad por la insoportable carga de trabajo que sufren a diario, unido a que una parte importante de los Juicios de Faltas enjuician conductas impropias del Derecho Penal, dada su escasa gravedad y trascendencia social. Por el contrario, otros sectores centran su atención en la política criminal y en la necesidad de resolver ese tipo de conflictos de forma ágil y efectiva, sirviéndose de las ADR (“Alternative Dispute Resolution”, medios alternativos para resolver conflictos), tales como la mediación, a través de los cuales no sólo se resuelve el problema, sino que se alcanzan soluciones para evitar futuros conflictos –son desgraciadamente habituales múltiples denuncias cruzadas entre vecinos, o entre personas con una enemistad manifiesta que se repiten en el tiempo-.

Además de lo anterior, en la gran mayoría de las ocasiones, el régimen sancionador del Derecho Administrativo es más severo que el Penal, pese a que las conductas perseguibles por el primero son, por naturaleza, de una menor entidad que las segundas. Pues como se dice en la propia Exposición de Motivos: “La pretensión es clara: reservar al ámbito penal el tratamiento de las conductas más graves de la sociedad, que por ello deben merecer un tratamiento acorde a su consideración”.

El plazo de prescripción de los delitos leves se ampliará a un año (antes seis meses) y no computarán como antecedentes a efectos de reincidencia. En este tipo de delitos, cuando la gravedad de los hechos o las circunstancias del caso presenten escasa entidad, podrá el Juzgado de Instrucción decretar su archivo, a instancias del Ministerio Público.

Para su tipificación y enjuiciamiento, con carácter transitorio –hasta tanto se publique la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (aún en fase de estudio y redacción)-, continuarán regulándose y tramitándose como Juicios de Faltas –artículos 962 a 982 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 617 a 639 del Código Penal-, incluso aquellos delitos leves cometidos tras la entrada en vigor de la reforma; ante los Juzgados de Instrucción; ex Disposición Adicional Tercera.

El Título I del Libro III del Código Penal, sobre las “Faltas contra las personas”, quedará sin efecto, pasando a regularse las lesiones en el artículo 147.2 del citado texto normativo del siguiente modo: “2. No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la pena de multa de uno a tres meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido. 3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses”.

Anteriormente, dichas situaciones venían comprendidas dentro del artículo 617 del Código Penal, con la siguiente redacción: “El que por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses. 2. El que golpeare o maltratare de otra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de localización permanente de dos a seis días o multa de diez a treinta días”.

Confrontando ambas redacciones, es fácil advertir un endurecimiento de las sanciones a imponer a los reos de un delito leve de lesiones, en primer lugar por la tipificación del hecho como delito, en lugar de como falta, y en segundo lugar, por un incremento de la parte superior de la horquilla (hasta tres y dos meses, respectivamente). Además de lo anterior, en el apartado 4 del citado artículo 147.2 del Código Penal proyectado señala: “Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”, lo cual conlleva que el mero parte médico de asistencia no dará lugar ya a la incoación de un procedimiento penal, a menos que la persona lesionada formule la pertinente denuncia.

Para los supuestos de violencia de género, o para aquella ejercida contra personas especialmente vulnerables, se crea un tipo agravado, previsto y penado en el proyecto de artículo 153.5.1 de la siguiente forma: “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses  a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad  de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años”.

Al desaparecer las faltas de lesiones, pretende el legislador acabar con la distinción entre delito y falta (atendiendo a la pertinencia o no de una segunda asistencia médica o quirúrgica y, en su caso, si esta tiene carácter curativo o meramente asistencial). En este punto, parece obviar el legislador que en la nueva redacción del artículo 147.2 se discrimina también la pena a imponer atendiendo a la gravedad de las lesiones causadas y del medio empleado; a cuyo efecto deberá valorarse cuándo una lesión es grave y cuándo no lo es, para lo cual será igualmente necesario valorar la atención médica recibida –aunque sí es verdad que con mayor discrecionalidad para que el juez pueda valorar otros factores-. La línea entre delito y delito leve queda igualmente difusa, lo cual dará lugar a una nueva oleada de jurisprudencia para solventar los supuestos límites, aquellos en que los criterios médicos volverán a resultar determinantes para calificar los hechos de una u otra forma; con las consecuencia inherentes en concepto de pena y de cómputo o no a efecto de antecedentes penales.

Por su parte, las faltas de abandono de menores o de personas mayores, pasará a tipificarse como delito de Omisión del Deber de Socorro, previsto y penado en los artículos 195 y 196 del Código Penal.

En cuanto a las faltas previstas en el artículo 620 del Código Penal actual, el modelo reformado las incluye en el apartado 7 del artículo 171, con la siguiente redacción: “Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos caso no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo”.

En lo atinente a las coacciones de carácter leve, el proyecto de nuevo artículo 172.3 del Código Penal prevé una pena de multa de uno a tres meses (siempre y cuando el agraviado formule denuncia) y de localización permanente de entre cinco y treinta días –en domicilio diferente y alejado de la víctima- o de trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días; o multa de uno a cuatro meses, cuando se realice contra las personas prevenidas en el artículo 173.2.

En todos los casos, ya sea por lesiones, coacciones, amenazas, injurias o vejaciones contra cualquiera de las personas previstas en el citado artículo 173.2 del Código Penal, no será necesaria la denuncia de la víctima; lo cual no es una novedad, pues se recoge de igual forma en el actual artículo 620 (excepto para las injurias).

Las penas han sufrido un notable incremento en todos los supuestos, pues en la regulación actual se prevé una multa de diez a veinte días para el tipo general y de localización permanente de cuatro  a ocho días o de trabajo en beneficio de la comunidad de cinco a días cuando se cometa contra las personas comprendidas dentro el artículo 173.2 del Código Penal. En el proyecto de ley orgánica, para estos últimos supuestos, se crea la posibilidad de imponer al reo una pena de multa de uno a cuatro meses.

Por el contrario, las injurias leves y las vejaciones injustas, salvo cuando se cometen sobre algunas de las personas previstas en el citado artículo 173.2, quedarán fuera de los márgenes del Derecho Penal, por tratarse, según la propia Exposición de Motivos, de “ofensas de carácter privado cuya reparación puede exigirse en la vía jurisdiccional civil o mediante actos de conciliación”. De esta forma se libera a la Justicia del bochornoso espectáculo de las disputas vecinales o análogas en una sala de vistas, ahorrando a la par importantísimos recursos públicos, especialmente cuando este tipo de procedimientos rara vez solucionan los conflictos subyacentes y no es extraño que las partes vuelvan a acudir al juzgado de instrucción pasados pocos días o incluso horas.

No obstante lo anterior, se echa de menos una mayor preocupación en el legislador a la hora de solucionar tales disputas, limitándose a emplazar a las partes a una conciliación o a la vía civil (previo abono de las preceptivas tasas judiciales), sin tan siquiera hacer referencia a una futura regulación ad hoc.

En cuanto al homicidio y a las lesiones por imprudencia leve -dada la escasa reprochabilidad de la conducta del autor-, quedarán fuera del Derecho Penal; excepto los supuestos de imprudencia grave, los cuales seguirán tipificados como delito en los artículos 142 y 152 del Código Penal. Esta destipificación no conlleva que las víctimas o su entorno no puedan ser indemnizados, sólo que para ello deberán acudir a la vía civil, alegando la responsabilidad extracontractual del autor, conforme a lo prevenido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil).

Las faltas relacionadas con las relaciones familiares quedarán igualmente fuera del Derecho Penal, pues los supuestos más graves ya están recogidos en los artículos 226 y siguientes del Código y los menos graves, tales como incumplimientos de las resoluciones judiciales en materia de familia, pueden dar lugar al delito de desobediencia. Para los supuestos más leves de obstaculización, cumplimiento defectuoso o incumplimientos, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil prevé sanciones pecuniarias y aun más graves: “Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de esta ley, con las especialidades siguientes: 1ª. Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan, podrá imponérsele por el Secretario judicial multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas. 2ª. En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en el apartado tercero del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto. 3ª. El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas”. Como se ve, las sanciones en vía civil son de mayor gravedad –especialmente la prevista en el apartado tercero, que las de las faltas penales-.

Los Libros II a V del Título III del Código Penal quedarán igualmente sin efecto, pasando a regularse como delitos leves; como meras sanciones administrativas (v.gr. desórdenes públicos); o directamente pasando a la vía civil (como la falta del artículo 622, relativa al incumplimiento del régimen de comunicación y visitas entre padres e hijos).

Las faltas de los artículos 623 y 624 pasarán a ser subtipos de los delitos de hurto, de apropiación indebida, usurpación o estafa, condenadas con penas de multa de uno a tres meses (siempre que sean de escasa gravedad, no perjudiquen a la víctima de forma extraordinaria, no hagan de ello su profesión, pertenezcan a organización criminal, ni el valor de los bienes sustraídos supere los MIL EUROS). Hasta ahora dichas conductas estaban penadas con multa de entre uno y dos meses para las faltas de hurto o de estafa; de entre diez y treinta días para la de apropiación indebida; y de entre diez días y dos meses para la usurpación.

Dichos preceptos son sustituidos en el proyecto de ley orgánica por los artículos 234.2; 236.2; 249; 253.2 y 254 del proyecto de Código Penal. En el caso del artículo 254.2 la pena sería de entre uno y dos meses de multa.

En cuanto a las faltas del Título III, “Contra los intereses generales”, se sustituyen por delitos leves, incorporando nuevas situaciones, como las de los artículos 246.2; 247.2; 255.2 y 256.2 del proyecto de ley orgánica, para “Si el hecho (alterar términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado; distraer aguas de uso público o privado de su curso, o de su embalse natural o artificial, sin estar autorizado para ello; defraudar utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos; o hacer uso de cualquier equipo terminal de comunicación, sin consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico), por la poca utilidad reportada o pretendida, resultara de escasa gravedad, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses. En ningún caso se considerarán de escasa gravedad los casos en los que el valor de la utilidad reportada o pretendida fuera superior a 1.000 Euros”.

Por su parte, las defraudaciones del artículo 629 del Código Penal actual quedarán reguladas como delitos leves en los artículos 386 y 389 del reformado, con penas de entre tres y seis meses de multa, si el valor no superase los MIL EUROS; lo cual significa un notable endurecimiento de la pena de multa (antes entre veinte y sesenta días de multa) y la desaparición de la de trabajos en beneficio de la comunidad, para estos supuestos.

En los delitos leves de carácter económico, se otorgará al juez una mayor discrecionalidad para fijar las penas, según la gravedad del caso. No obstante lo anterior, cuando el valor de lo defraudado o sustraído supere los MIL EUROS, o se trate de “casos de habitualidad, profesionalidad o actuación en banda organizada” –según se recoge en la Exposición de Motivos-, no podrá considerarse nunca como tipo atenuado, con objeto de perseguir de forma efectiva auténticas actividades económicas, como pueden ser los pequeños hurtos para los “carteristas”.

El resto de faltas contra el patrimonio, como las de deslucimiento de bienes muebles públicos, privados o de valor cultural, serán sancionados en vía administrativa (supuestos más leves) o como delito.

Los hechos previstos y penados en los artículos 630, 631.1 y 632.1 (Título III del Libro III del Código Penal), serán sancionables en vía administrativa tras su destipificación.

Las faltas contra los animales pasarán a ser delitos o delitos leves, según las circunstancias del caso, como mecanismo para frenar la crueldad contra los animales domésticos, amansados o bajo control humano. Los artículos 337 y 337.bis del proyecto de Código Penal penan el maltrato injustificado de tales animales con penas de prisión entre tres meses y un año y con la inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con aquéllas, así como a la mera tenencia de un animal doméstico o amansado.

Tales penas serán impuestas en su mitad superior si se usasen armas u otro tipo de instrumento/método que ponga en peligro la vida del animal; si media ensañamiento; si se causa al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal; o se hubiese ejecutado en presencia de un menor de edad.

Cuando se cause la muerte del animal, la pena será de prisión de entre seis y dieciocho meses, e inhabilitación especial de dos a cuatro años. Fuera de estos supuestos, cualquier maltrato animal no autorizado legalmente (para salvaguardar las corridas de toros), serán castigados con multa de uno a seis meses.

En cuanto al abandono de animales domésticos o amansados, el artículo 337.bis del Código Penal proyectado, prevé una multa de entre uno  y seis meses para aquellos que los abandonen de forma peligrosa para la vida o integridad física de los mismos.

Las faltas del Libro IV del Código Penal, “Contra el Orden Público” pasarán a regularse como meras sanciones administrativas (cuando el hecho antijurídico carezca de entidad), salvo la del artículo 635, que pasará a regularse como delito leve ex artículo 203.2 del Código Penal reformado, penado con multa de entre uno y tres meses.

Igual suerte correrá la falta por realizar actividades sin concertar el preceptivo seguro de responsabilidad civil, lo cual está perseguido con importantes sanciones económicas en vía administrativa.

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