MEDIACIÓN y SEGURO

A continuación transcribo el contenido de mi Trabajo de Fin de Máster en Derecho de Seguros de la UNED:

LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO ALTERNATIVO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

ÍNDICE
ABREVIATURAS.
1.- INTRODUCCIÓN.
2.- TRATAMIENTO PENAL DE LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
2.1 Regulación previa a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
2.2 Regulación actual.
2.3 Efectos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en los conflictos derivados de la circulación de vehículos a motor.
3.- MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
3.1 Métodos alternativos para la resolución de conflictos.
3.2 La Mediación como método alternativo para la resolución de conflictos derivados de la circulación de vehículos a motor.
3.3 La trascendencia de la Mediación desde el punto de vista del Derecho Público.
3.4 Inclusión de la Mediación en la cobertura de los seguros de Defensa Jurídica.
4.- CONCLUSIONES
5.- BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS
 CCS: Consorcio de Compensación de Seguros.
 CGPJ: Consejo General del Poder Judicial.
 CP: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 DGSFP: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
 DGT: Dirección General de Tráfico.
 ICEA: Investigación, Cooperativa de Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones.
 LCS: Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
 LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
 LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada mediante Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
 LMACM: Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles  LOSSEAR: Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
 LRCSCVM: Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
 ICAM: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
 ICEA: Investigación, Cooperativa de Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones.
 PIB: Producto Interior Bruto.
 RMACM: Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación civil y mercantil
 RSORCCVM: Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.
 UNESPA: Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

I.- INTRODUCCIÓN
El asegurador es uno de los principales sectores para la economía española, representando en 2014 un 5,2 % del PIB total, según la última memoria estadística anual del “Mercado Español de Seguros” publicado por la Fundación MAPFRE.

Por su parte, ICEA ha publicado su análisis anual de 20151 en el que se refleja un crecimiento del 1,69 por ciento en el ramo de los seguros de automóviles, frente al 2,06 por ciento del sector en su conjunto. La presidente de UNESPA -Doña Pilar González de Frutos- señaló, según INESPA2, que ello obedece a que: “se aprecia un deterioro de la rentabilidad técnica debido al ajuste de primas forzado por la crisis, que puede comprometer el modelo de negocio cuando repunte la siniestralidad por el incremento de la actividad económica, a lo que habría que añadir el impacto del nuevo Baremo”.

El parque automovilístico español alcanzaba los 30.976.047 de vehículos (incluyendo camiones, furgonetas, autobuses, turismos, motocicletas, vehículos industriales, recreativos y otros vehículos) en 2014 según la DGT3, cuyo último balance de accidentes de tráfico publicado4 refleja que en el citado año 2014 tuvieron lugar un total de 91.570 accidentes de circulación, de los cuales 35.147 fueron en vías interurbanas y 56.423 en vías de naturaleza urbana.

Con estos datos de siniestralidad y 117.058 heridos leves derivados de accidentes de circulación sólo en el año 2014, resulta lógico pensar que la litigiosidad derivada de tales siniestros comporta un importante gasto para la Administración de Justicia, para los lesionados y para las propias compañías aseguradoras y el CCS; las cuales han de hacer frente, cada año, a las indemnizaciones que traen causa de los referidos 91.570 accidentes de tráfico.

El pasado uno de julio, la regulación legal de las responsabilidades penal y civil derivadas de la circulación de vehículos a motor experimentó una notable transformación, toda vez que el hecho previsto y penado en los artículos 621.3 y concordantes del Código Penal ha pasado a estar despenalizado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Al efecto, conforme a los artículos 712 de la LEC; 110, 113 y concordantes del CP; puestos en relación con la interpretación jurisprudencial de los artículos 1106 y 1902 del Código Civil, puede definirse la indemnización por daños y perjuicios como: “el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria que deviene imposible de ejecutar por sus propios términos”5.

1 Asociación de entidades de seguros ICEA, Información del seguro [contenido online] Madrid, [Consulta: 07 de febrero de 2016]. Disponible en web: http://goo.gl/p8fbpS
2 WILMINGTON INESE S.L.U. (INESE) Noticias>Mercados [contenido online], Madrid [Consulta 31 de enero de 2016]. Disponible en web: https://goo.gl/8uSr2J
3 y 4 Tráfico y seguridad vial [en línea], Madrid: Dirección General de Tráfico [Consulta: 05 de febrero de 2016]. Disponible en web: http://goo.gl/UNJ1T5
5 Magro Servet, Vicente; Indemnización de daños y perjuicios, Guías Jurídicas [Base de datos online]. El Consultor Jurídico, Wolters Kluwer [Fecha de consulta: 08 de febrero de 2016].

Con esta nueva concepción penal de las lesiones y de los daños materiales derivados de los accidentes de tráfico, resulta interesante valorar con qué opciones cuentan los perjudicados para hacer valer su derecho a la reparación del daño, ante qué jurisdicción habrán de acudir, de qué medios probatorios podrán valerse, qué coste conllevará esta nueva forma de reclamar y cómo afectará a la relación entre asegurado y asegurador. Además de lo anterior, habrá que valorar la existencia de métodos alternativos para formular dichas reclamaciones y, en su caso, qué pasos deberán darse con carácter previo a la reclamación judicial.

Ante los nuevos retos que plantea una situación sustancialmente diferente a la anterior, conviene detenerse a valorar la posibilidad de utilizar métodos alternativos para la resolución de conflictos con una naturaleza más ágil y eficiente que los órganos jurisdiccionales ordinarios. Además de ello, deberá analizarse si los mismos son admisibles por todas las partes implicadas en la reparación del daño –causante, víctima, aseguradora y, en su caso, terceros implicados-. A tal efecto, en el presente estudio se analizará la posibilidad de proponer la Mediación como una herramienta óptima para que perjudicado y responsable civil –ya sea éste directo o subsidiario- puedan valorar la existencia de los daños efectivamente padecidos, la gravedad de los mismos y la indemnización que, en su caso, corresponda; evitando acudir a la Justicia ordinaria, con el consiguiente ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero. Para ello se analizarán las principales consecuencias que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, conlleva para la reclamación de indemnizaciones derivadas de los accidentes de tráfico, la situación previa al pasado uno de julio de dos mil quince y los métodos alternativos para la resolución de conflictos.

La Mediación se analizará asimismo desde el punto de vista del Derecho público, valorando los supuestos en que es posible, los efectos que surten entre las partes implicadas, así como la pertinencia de incluir los costes derivados de la misma dentro de la cobertura de los seguros de Defensa jurídica, incluidos en un capítulo independiente dentro de las pólizas de los seguros de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y ciclomotores.

El objeto del presente trabajo es plantear la posibilidad de desjudicializar las reclamaciones de cantidad derivadas de las lesiones padecidas en los accidentes de circulación, institucionalizando una herramienta sencilla, objetiva y confiable para que víctima y responsable civil –ya sea éste el causante o la entidad que contractualmente asume el riesgo de indemnizar en su lugar- fijen los elementos necesarios para determinar si existe derecho a indemnizar, el importe de la indemnización y la forma de pago de la misma por parte de quien corresponda.

2.- TRATAMIENTO PENAL DE LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
2.1.- Regulación previa a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, contenía un Título Preliminar y tres libros: I “Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal”; II “Delitos y sus penas” y III “Faltas y sus penas”.

En el artículo 621 del Código Penal se regulaban como faltas aquellos supuestos en que la lesión tenía lugar como consecuencia de hechos imprudentes, ya fuese ésta grave o leve. En el apartado 1 se castigaba con pena de multa de uno a dos meses a quienes causaren alguna de las lesiones previstas en el artículo 147.2 por “imprudencia grave”. A diferencia de lo anterior, cuando se trataba de una imprudencia leve los apartados 3 y 4 del meritado artículo 621 preveían una pena de 10 a 30 días de multa para quienes causasen una lesión a otro no constitutiva de delito, por imprudencia leve; con privación además del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de entre tres meses y un año, si el hecho se cometió con uno de dichos automóviles.

En caso de que la imprudencia leve tuviese como consecuencia el fallecimiento de otra persona, tal conducta estaba regulada en el artículo 621.2 del Código Penal –con la pena de multa de uno a dos meses- y en el artículo 142.1 y 2 del citado texto normativo si fuese por imprudencia grave –pena de prisión de uno a cuatro años más privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años-.

Por su parte, el Capítulo IV del Título XVII del Libro II “De los delitos contra la seguridad vial”, artículos 379 a 385 ter, regula aquellos hechos dolosos que pueden provocar accidentes de circulación; señalando en su artículo 382 que cuando se ocasionare, además del riesgo, un resultado lesivo constitutivo de delito -independientemente de su gravedad-, a través de uno de los actos previstos y penados en los artículos 379 a 381 del CP, se apreciará sólo la infracción más grave en su mitad superior; con expresa condena a resarcir al/los perjudicados la responsabilidad civil derivada de tales hechos.

En aquellos supuestos en que se utilizase dolosamente un vehículo a motor o un ciclomotor como instrumento para cometer un crimen –ya sea para causar lesiones o incluso la muerte- se estaba al régimen general prevenido en los Títulos I y III del Libro II del Código Penal “Del homicidio y sus formas” (artículos 138 a 141 del citado texto normativo) y “De las lesiones” (artículos 147 a 153 y 155 del Código Penal en vigor hasta el pasado uno de julio de dos mil quince), respectivamente. En este último caso no se consideraría un “hecho de la circulación” y por lo tanto quedaría fuera del ámbito del aseguramiento obligatorio (no así en los delitos contra la seguridad del tráfico, en los que el vehículo es el instrumento del delito).

Del conjunto de lesionados en el año 2014 –último del que existen estadísticas de la DGT6- los de carácter leve como consecuencia de accidentes de circulación ocurridos en vías urbanas o interurbanas ascienden a 117.058; frente a los 9.574 hospitalizados y a los 1.688 fallecidos. De los citados datos estadísticos se colige que la inmensa mayoría de las personas que se ven implicadas en un accidente de tráfico sufren, como consecuencia del mismo, lesiones de carácter leve, especialmente en aquéllos que tienen lugar en vías urbanas.

Pese a que entre los datos publicados anualmente por el Consejo General del Poder Judicial7 no existen estadísticas concretas sobre la litigiosidad derivada del antiguo artículo 621.3 del Código Penal, resulta lógico pensar que la inmensa mayoría de los procedimientos judiciales que se inician para reclamar una indemnización por las lesiones padecidas en un accidente de tráfico traen causa de una imprudencia leve, como leves son las consecuencias del mismo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada mediante Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 comprendía, antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, tres procedimientos para juzgar los distintos ilícitos penales y los sujetos responsables de los mismos: el Procedimiento Sumario, regulado en el Libro II “Del Sumario”, previsto para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración superior a nueve años; el Procedimiento Abreviado, regulado en el Título II “Del Procedimiento Abreviado” del Libro IV “De los procedimientos especiales”, que conforme a lo prevenido a los artículos 757 y concordantes de la LECrim regula el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, u otras de distinta naturaleza –ya sean únicas, conjuntas o alternativas- de cualquier cuantía o duración; y los Juicios de Faltas, regulados en el Libro VI “Del procedimiento para el Juicio sobre Faltas” de la LECrim para enjuiciar los ilícitos tipificados en el Libro III “Faltas y sus penas” del Código Penal –en su redacción previa a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo-.
Además de lo anterior, existe la posibilidad de tramitar estos ilícitos como Juicios Rápidos, regulados en el Título III “Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos” de la LECrim, cuando se enjuicien delitos cuya pena máxima no supere los cincos años de privación de libertad o los diez años cuando sean de distinta naturaleza. Para ello deberán reunir el resto de requisitos sine qua non prevenidos en los artículos 795 y concordantes de la LECrim (iniciado por atestado; imputado a disposición judicial; por delitos flagrantes o de instrucción sencilla).

6 Tráfico y seguridad vial [contenido online], Madrid: Dirección General de Tráfico [Consulta: 09 de febrero de 2016]. Disponible en web: http://goo.gl/cHii1P
7 La Justicia dato a dato [contenido online], Madrid: Consejo General del Poder Judicial [Consulta 30 de enero de 2016]. Disponible en web: http://goo.gl/9xiUkx

Independientemente del procedimiento penal que en cada caso corresponda, conforme a lo prevenido en el Título V “De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales” del Código Penal, los lesionados, fallecidos o sus causahabientes podrán reclamar al responsable civil de las mismas o a quien, como en el caso de las compañías aseguradoras, se obligue, dentro de los límites legales y contractuales, a cubrir el riesgo del nacimiento de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho del que sea civilmente responsable el asegurado; siempre que el mismo esté cubierto en el contrato de seguro –ex artículo 73 LCS-. Al efecto, el artículo 109.1 del CP previene que deberán indemnizarse los daños y perjuicios causados al/los perjudicado/s por la ejecución de un hecho descrito en la Ley como delito. Los límites de la Responsabilidad Civil derivadas de un hecho tipificado como delito o falta vienen recogidos en el artículo 110 del CP, el cual señala que la responsabilidad establecida en el artículo 109 del CP comprende: la restitución; la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales que se hayan causado a la víctima. Por su parte, conforme al artículo 1813 del Código Civil, será posible transigir sobre la acción civil proveniente de un delito sin que por ello quede sin efecto la acción pública para la imposición de la pena correspondiente. Dicho precepto deberá interpretarse en relación con el artículo 1.1 de la LRCSCVM, cuando dice que el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. Al efecto, tal como refleja la mayor parte de la Doctrina 8, es una responsabilidad objetiva “Puesto surge desde la pura existencia de un daño causado por un vehículo a motor con motivo de la circulación” y a la par atenuada “En tanto que el causante del daño puede liberarse de su obligación de responder, probando que se debió a la conducta o negligencia única del perjudicado, o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo”.

Conforme a lo prevenido en los artículos 262, 355 y concordantes de la LECrim quien por su cargo, profesión u oficio tuviere noticia de algún delito de los considerados “públicos”, estará obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal o Juez de instrucción competente y, en su defecto, al funcionario de policía más próximo -en caso de un delito flagrante-. Si el hecho típico en cuestión consistiese en lesiones, los profesionales sanitarios que asistieren al herido estarán obligados a dar parte de su estado y adelantos en el plazos que en cada momento se les indiquen, e inmediatamente que ocurra cualquier novedad destacable. De acuerdo con los citados preceptos, la asistencia médica que suele seguir a los accidentes de circulación donde existen lesionados conlleva la obligación para tales facultativos de enviar un parte al Juzgado de Guardia.
8 Temas, El Consultor Jurídico [Base de datos online], Wolters Kluwer, Madrid [Fecha de consulta: 06 de febrero de 2016]. Disponible para suscriptores. Referencia editorial: CJ 10907/2011.

Como consecuencia de lo anterior, el juzgado de instrucción correspondiente incoaba, antes de la reforma, diligencias previas (ex artículo 774 de la LECrim) y, en aquellos supuestos en que se apreciaba que el accidente había tenido lugar como resultado de una negligencia de carácter levísimo, se archivaba, emplazando al/los lesionado/s a denunciar en el plazo de seis meses –ex artículo 131.2 del Código Penal, por tratase de una falta- si lo consideraba/n preciso. El artículo 762.11ª de la LECrim contiene una precisión para este tipo de procedimientos, pues previene que, cuando los hechos enjuiciados deriven del uso y circulación de vehículos de motor, en la primera declaración que presten los conductores se reseñarán también los permisos de conducir de éstos y de circulación de aquéllos, así como el certificado de seguro obligatorio y el documento acreditativo de su vigencia. De igual modo deberá reseñarse el certificado del seguro obligatorio y el documento que acredite su vigencia en aquellos otros casos en que la actividad se halle cubierta por el mismo. El objeto del citado precepto no es otro que averiguar, ya en la primera declaración policial y judicial, si el supuesto infractor tiene contrato de seguro de responsabilidad civil o no; en aras de llamar al pleito a la entidad aseguradora en cuestión para que alegue lo que tenga a bien respecto a la responsabilidad civil de su cliente y a la valoración de las lesiones y/o daños materiales derivados del accidente de circulación.

Por su parte, el artículo 765 del citado texto normativo, incluye más peculiaridades del procedimiento penal derivado de las lesiones y/o daños causados en un accidente de tráfico. En su apartado primero se prevé la posibilidad de: señalar y ordenar el pago de la pensión provisional que se considera oportuna –en cuantía y duración-, según las circunstancias del caso, para atender a la víctima y a las personas que estuvieren a su cargo. Asimismo prevé que el pago de la pensión se hará anticipadamente en las fechas que señale el Juez o Tribunal, a cargo del asegurador –en caso de existir-, y hasta el límite del seguro obligatorio. En caso de que no existiese aseguramiento se hará con cargo a la fianza o al Consorcio de Compensación de Seguros, en los supuestos de responsabilidad civil del mismo, conforme a las disposiciones que le son propias; todo ello en una pieza separada del procedimiento. Esta situación se da como consecuencia del desplazamiento de la carga de la prueba a favor del perjudicado que se deriva del artículo 1.1 de la LRCSCVM, precepto según el cual la responsabilidad civil del causante del daño o de la lesión tiene carácter objetivo y, como consecuencia de ello, es a éste a quien corresponderá alegar y probar que las consecuencias del accidente obedecen a una fuerza mayor ajena a la conducción y al funcionamiento normal del vehículo, o a la culpa exclusiva de la víctima (también será posible atenuar la indemnización alegando que existe una concurrencia de culpas de responsable y perjudicado, e incluso cabe solicitar la desestimación de la reclamación del lesionado -o del titular del/los bien/es dañado/s- si no se acredita la existencia del nexo causal entre el accidente y su presunta consecuencia).

Antes de continuar, conviene recordar la antigua distinción entre delitos y faltas; las cuales estaban definidas en el artículo 13.3 del Código Penal de la siguiente forma: “Son faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve”. Las penas leves son aquellas que vienen comprendidas en el artículo 33.4 del citado texto legal y, como se dijo, están tipificadas en el Libro III “Faltas y sus penas” del Código Penal.

Salvo aquellos supuestos en que las lesiones y/o daños materiales sufridos obedeciesen a una actuación dolosa del causante, o aquellos en que el accidente de circulación se saldase con el fallecimiento de alguno de los implicados en el mismo, el objetivo final de todos los perjudicados era ser reconocidos por el funcionario del Instituto de Medicina Legal que les correspondiese; obteniendo así una pericial pública y gratuita, así como un título ejecutivo (ex artículo 13 de la LRCSCVM) con el que negociar una indemnización conforme a la resolución que anualmente publicaba la DGSFP -en aplicación del apartado primero del anexo de la LRCSCVM- para dar a conocer las indemnizaciones vigentes para caso de muerte del perjudicado, para cuando se sufren lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico (dicho sistema de baremación ha sido recientemente modificado en virtud de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre). La práctica totalidad de los procedimientos finalizaban mediante acuerdo o en vía ejecutiva, ex artículos 17 y concordantes de la LRCSCVM, en relación con el Libro III “De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares” de la LEC; siendo aislados los procedimientos en los que se celebraba la vista de juicio oral y prácticamente nulos los que terminaban con una resolución condenatoria penal.

Como mecanismo de cierre señala el artículo 1.4 de la LRCSCVM que, en todo caso, no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y bienes. Dicha aseveración afecta a la responsabilidad de las compañías aseguradoras, las cuales no quedarán exoneradas de responder, pero sí tendrán la facultad de repetir contra el asegurado conforme a lo prevenido en los artículos 10 y concordantes del citado texto normativo, en relación con los artículos 76 y concordantes de la LCS.

El artículo 109.2 del Código Penal -conforme al cual el perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir una indemnización por daños y perjuicios ante la Jurisdicción Civil- señala que, como vía alternativa o subsiguiente a la penal, los lesionados o sus causahabientes están legitimados para reclamar civilmente la indemnización que conforme a derecho les corresponda, debiendo para ello acudir al procedimiento ordinario o al verbal, según si la cuantía reclamada supera o no los seis mil euros (6.000,00 €), conforme a lo prevenido en los artículos 249.2 y 250.2 de la LEC. También, como se dijo, es posible acudir a la vía civil para ejecutar el auto de cuantía máxima que, conforme a lo prevenido en los artículos 13 y concordantes de la LRCSCVM, dictarán los juzgados de instrucción cuando en un proceso penal incoado por un hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia absolutoria y otra resolución que le ponga fin, ya sea de provisional o definitiva -sin declaración de responsabilidad-, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente. Resulta igualmente de aplicación el artículo 1902 del Código Civil cuando previene que, el que por acción u omisión causare un daño a otra persona -si intervine dolo o negligencia-, estará obligado a reparar el daño causado.

Independientemente de la jurisdicción elegida y del procedimiento adecuado, tal como previenen los artículos 1902 del Código Civil y 1 de la LRCSCVM, “se establece, por tanto, respecto de los daños personales, un sistema cuasi objetivo de responsabilidad civil, mientras que respecto a los daños materiales se mantiene casi intacto el sistema general de responsabilidad por culpa del Código Civil”8. De igual forma “el propietario no conductor de un vehículo a motor asegurado responderá de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con éste por alguna de las relaciones que regulan los arts. 1903 CC y 120 CP”9.

2.2.- Regulación actual.
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha significado una auténtica revolución en nuestro Derecho Penal, pues con la entrada en vigor de la misma -entre otras importantes novedades como la prisión permanente revisable, la nueva regulación del decomiso o el endurecimiento de las penas por “corrupción política”- desaparece la tradicional distinción entre delitos y faltas. En el preámbulo de la citada ley orgánica el Legislador dice que se suprimen las faltas –tradicionalmente reguladas en el Libro III del CP-, aunque determinados hechos típicos se incorporan al Libro II del Código Penal regulados como delitos leves. La reducción del número de faltas –delitos leves en la nueva regulación que se introduce– viene orientada por el principio de intervención mínima, y debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles. Tan profunda y compleja es la reforma que distintas instituciones han publicado trabajos aclaratorios10 a 12 para mejorar el conocimiento de la norma, así como su correcta y pacífica aplicación.

9 Bataller Grau, Juan; Latorre Chiner, Nuria y Olavarría Iglesia, Jesús: “Derecho de los Seguros privados”, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2007, página 285 (Capítulo 26).
10 OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID. Cuadro comparativo de Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [cuadro online]. ICAM, Madrid, 21/04/2015 [Fecha de consulta: 05 de febrero de 2016]. Disponible en la web: http://goo.gl/tD6LjA
11 CGAE, Actualidad>Noticias [contenido online], Madrid, 25/06/2015 [Fecha de consulta: 05 de febrero de 2016]. Disponible en la web: http://goo.gl/jkG9ot
12 CGPJ, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [cuadro online]. Editorial SEPIN. Madrid, 23/04/2015 [Fecha de consulta: 05 de febrero de 2016]. Disponible en la web: http://goo.gl/ttDHAN

Con la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se incide en la aplicación del “Principio de intervención mínima del Derecho Penal”, en virtud del cual sólo merecerán reproche penal –ya sea como delito o como delito leve- aquellas acciones u omisiones que, como decía Rietzsch11, causen una “lesión del sentimiento jurídico de la comunidad del pueblo”. Por tanto, continúa diciendo el meritado autor que en aplicación del referido principio: “El Derecho Penal sólo tutela aquellos derechos, libertades y deberes imprescindibles para la conservación del Ordenamiento Jurídico, frente a los ataques más intolerables que se realizan contra el mismo”.

Desde el pasado uno de Julio, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y de la LECrim llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la regulación de los accidentes de tráfico ha experimentado una importante evolución. Con la nueva redacción el artículo 13.3 del CP serán delitos leves las infracciones que la Ley castigue con pena leve. Conforme al 13.4 del CP cuando, por su extensión, la pena pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los números 1 y2 del meritado precepto legal, el delito se considerará siempre como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará siempre como leve.

El artículo 142 del CP sufre una modificación en su numerado, mantiendo en su apartado primero la pena accesoria de inhabilitación para la conducción de vehículos a motor o ciclomotores de uno a seis años. La antigua falta del artículo 621.2 del CP pasa a estar regulada en el artículo 142.2 del CP con una pena de multa de entre tres y dieciocho meses para quien por imprudencia menos grave causare la muerte de otro; con la posibilidad de imponer además una pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses, si el homicidio se hubiera cometido utilizando un automóvil de esta naturaleza. Al igual que en las faltas, el delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

El artículo 147.2 del CP, relativo a las lesiones, recoge el legado del antiguo artículo del citado texto normativo, cuando señala que quien por cualquier medio o procedimiento causase a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Igualmente deberá iniciarse el procedimiento mediante denuncia del agraviado o su representante legal. El artículo 617.1 del CP queda, por ende, subsumido en este apartado.

El artículo 152.1 del CP mantiene la redacción del antiguo artículo 152.2 respecto de las penas accesorias cuando la lesión se produce por imprudencia grave (privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de uno a cuatro años). Por su parte, el actual artículo 152.2 del CP prevé una pena de multa de tres a doce meses para quien causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 del CP por imprudencia grave.

11 Rietzsch, Otto: “Die Neuordhung des Rechts der Übertretungen”, DStR., 1935, página 66.

Se prevé la posibilidad de imponer, además, una pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, durante un periodo de entre tres meses y año, cuando los hechos se hubieran cometido utilizando un automóvil de esta naturaleza. Este tipo de hechos, como las faltas, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. La falta prevista y penada en el antiguo artículo 621.1 queda por lo tanto comprendida en el actual artículo 152.2 del CP como delito leve.
No obstante lo anterior, las acciones u omisiones previstas y penadas en el antiguo artículo 621.3 del CP –conforme al cual se sustanciaban la inmensa mayoría de los juicios de faltas derivados de los accidentes de tráfico-, como se dijo, han quedado despenalizadas con la nueva redacción del Código Penal, debiendo los perjudicados o sus causahabientes acudir a la Jurisdicción Civil para reclamar una indemnización por las lesiones y/o daños padecidos. La LEC, por su parte, no ha experimentado ninguna modificación con la entrada en vigor de la referida Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y resulta de actualidad lo reflejado en el apartado 2.1 de este trabajo.

2.3.- Efectos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en los conflictos derivados de la circulación de vehículos a motor.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una importante reforma de nuestro Derecho Penal, pues a través de la misma se ha terminado con la tradicional distinción entre delitos y faltas, pasando a una cualificación de los delitos entre graves y leves. Tan es así que el Libro III del Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre denominado: “Faltas y sus penas” ha quedado sin contenido.

La regla general en las faltas que han pasado a denominarse “delitos leves” (las previstas en los antiguos artículos 617.1 y 621.1 y 2 del CP -hoy sin contenido-) es un endurecimiento de las penas que lleva aparejada su comisión; pues antes las mismas tenían prevista una pena de entre uno y dos meses de multa, mientras que ahora las penas comprenden entre uno y tres meses de multa. No obstante lo anterior, en todas ellas se mantiene la posibilidad de imponer penas accesorias, con idéntica duración.
Con la nueva redacción del Código Penal, se mantiene la necesidad de definir qué es un vehículo a motor y qué se entiende por hecho de la circulación. Respecto al segundo: “Para determinar qué se entiende por hecho de la circulación [véanse SSTS 10-10-2000 (Civil) RAJ 2000/9192 y 4-7-2002 (Civil) RAJ 2002/5900] se recurre, también, a un criterio positivo y a otro negativo. Son hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor, tanto en garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común (art.3 RRCySCVM). Se excluyen, expresamente, como hechos de la circulación: a) los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas; b) los derivados de la realización de tareas industriales o agrícola por vehículos a motor especialmente destinados para ello, aunque sí tendrán la consideración de hechos de la circulación cuando tales vehículos circulen por las vías o terrenos referidos más arriba [SSTS 10-10-1996 (Civil) RAJ 1996/7554, 3-3-1998 (Civil) RAJ 1998/3238, y 25-10-2000 (Civil) RAJ 2000/9588]; c) la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. Sin embargo, sí será hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad del tráfico (incluido el supuesto del art. 383 CP)”9. En cuanto al concepto de “vehículo a motor”, éste viene definido en el apartado 12 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial como un “Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de movilidad reducida”. También contiene una definición de “vehículo a motor” el artículo 1 del RSORCCVM -de igual modo que contiene una de “hecho de la circulación” en su artículo 2-.

Para completar dicha definición debe decirse que, a estos efectos, se entenderá como vehículo a motor todo aquel vehículo provisto de motor para su propulsión que sea apto para circular por las vías o terrenos públicos o privados habilitados para la circulación de una generalidad de personas, ya tengan éstos naturaleza urbana o interurbana. Las consecuencias penales o civiles de los daños y/o lesiones derivadas de la conducción de ciclomotores son iguales que las de los vehículos a motor; pese a que legalmente no tienen la misma consideración.

Desde el pasado uno de julio las lesiones y los daños derivados de los accidentes de circulación provocados por una negligencia levísima (antiguo artículo 621.3 del CP) han dejado de estar perseguidos penalmente, motivo por el cual, para la reclamación de una indemnización, los lesionados, sus causahabientes y/o los titulares de los bienes dañados tendrán vetada la vía penal y deberán acudir directamente a la Jurisdicción Civil. El procedimiento será siempre declarativo –al quedar como norma prácticamente residual los artículos 12 y siguientes de la LRCSCVM-, ya sea ordinario o verbal en virtud de la cuantía [hasta seis mil euros (6.000,00 €) será juicio verbal y, si la cantidad es superior a dicha cantidad, corresponderán los trámites del juicio ordinario] ex artículos 249.2; 250.2 y concordantes de la LEC. Conforme a lo prevenido en los artículos 23.1; 31.1 y concordantes del citado texto normativo, cuando la reclamación de cantidad supere los dos mil euros (2.000,00 €) será preceptiva la intervención de un abogado en ejercicio y de un licenciado en derecho-procurador debidamente acreditado para comparecer y actuar en el foro de que se trate.

El Proceso monitorio –regulado en el Capítulo I del Título III de la LEC, artículos 812 a 818- es un procedimiento en virtud del cual los perjudicados, sus representantes legales o causahabientes podrían ahorrarse una importante cantidad de tiempo y dinero; no obstante, el mismo queda vetado para este tipo de reclamaciones, pues el artículo 812.1 de la LEC señala que podrán acudir al proceso monitorio quienes pretendan de otro el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, siempre que la misma sea líquida, determinada, vencida y exigible. Siendo la doctrina jurisprudencial pacífica respecto a la iliquidez de las deudas por indemnizaciones de daños y perjuicios (dado que la misma no está prefijada ni resulta de simples operaciones matemáticas -al menos no mientras no se determine judicialmente dicha cantidad, dado que será el juzgador quien fije la cuantía ajustada a derecho valorando el daño emergente y el lucro cesante realmente padecidos por el reclamante-), en ningún caso podrá plantearse a tal fin una petición inicial de proceso monitorio por tratarse de una deuda de valor (sirva como ejemplo la Sentencia número 947/2007, de 26 de septiembre, de la Sala Primera del Tribunal Supremo -CJ 139718/2007- en cuyo Fundamento de Derecho Quinto se hace referencia al principio “in illiquidis non fit mora” cuando señala que por “tratarse de una deuda de valor, no procede el pago hasta que la suma reclamada resulte determinada”).

La responsabilidad de las distintas compañías aseguradoras y la del propio Consorcio de Compensación de Seguros no experimenta notables diferencias con la regulación actual, pues seguirá rigiendo el principio de responsabilidad cuasi objetiva del conductor y/o titular del vehículo a motor o ciclomotor responsable de las lesiones y/o daños materiales derivadas de los hechos de la circulación. No obstante lo anterior, siendo más compleja la reclamación judicial y, además, más costosa para el perjudicado –al exigir periciales médicas y la intervención de abogados, procuradores e incluso otros peritos de parte- se prevé una formidable reducción en el número de procedimientos y, por extensión, del montante total de las indemnizaciones que habrán de satisfacer tanto las aseguradoras como, en su caso, el CCS.

3.- MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
3.1.- Métodos alternativos para la resolución de conflictos.
La Constitución española de 1978 configura nuestro país -en su artículo 1.1- como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Como tal Estado de Derecho, propugna en el artículo 117.1 de la Constitución que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial; estos serán además independientes, inamovibles, responsables y estarán sometidos únicamente al imperio de la ley. La Tutela judicial efectiva que regula el artículo 24.1 de nuestra Carta magna es fiel reflejo de ello.

Conforme a los citados preceptos constitucionales, en España –como en la práctica totalidad de los países del mundo-, la solución de los conflictos surgidos entre particulares; entre éstos y la administración; o entre distintas administraciones, viene encomendada al Poder judicial, personalizado por los diferentes jueces o magistrados que lo conforman, y quienes imparten justicia en nombre del Rey. Por ende, la Justicia se aplica por delegación del Jefe del Estado, representación máxima del monopolio que, a priori, tiene el Estado para administrar justicia. Este sistema heterocompositivo de resolución de conflictos surge con la propia Sociedad, como evolución del modelo original -basado en la fuerza-, aunque no tan diferente de él, pues la resolución del conflicto viene impuesta por el poder coercitivo que el tercero (en este caso el Estado) tiene para hacer valer su resolución frente a la voluntad de las partes implicadas.

Frente a ello, existen métodos alternativos para la resolución de conflictos, ya sean heterocompositivos o autocompositivos. Entre los primeros destaca el Arbitraje, un sistema en virtud del cual las partes implicadas confían la resolución del conflicto a un tercero u órgano colegiado, quien resuelve mediante laudo arbitral. En este método las partes habrá de determinar, como mínimo, el/los tercero/s que habrá/n de resolver sobre el conflicto aplicando la legislación predefinida –dentro de unos límites, pues hay materias como el Derecho Penal o el Administrativo, entre otros, que no son disponibles por las partes-. El sistema arbitral es el preferido para aquellos supuestos en los que la relación jurídica y/o el conflicto tienen naturaleza transfronteriza, dado que es más ágil que el sistema jurisdiccional, más rápido y permite además a los implicados prefijar la normativa aplicable (destaca su uso en el Derecho Marítimo y en todo lo relacionado con el Comercio Internacional). En España, el Arbitraje está regulado en virtud de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre; en relación con el artículo 517.2.2º de la LEC -en virtud del cual los laudos arbitrales serán ejecutables ante la Justicia ordinaria conforme a lo prevenido en el Libro III “De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares” del citado texto normativo- y el Convenio de Nueva York de 1958 para los laudos extranjeros.

Como alternativa a los métodos heterocompositivos –Jurisdicción y Arbitraje- en los que, como se dijo, se confía la resolución del conflicto a un tercero -ya sea éste designado por los Poderes públicos o por los propios interesados-; están los sistemas autocompositivos, en los que son los propios implicados quienes deben alcanzar acuerdos para solventar sus diferencias, sin que el tercero esté facultado para decidir sobre el/los asunto/s en litigio. Entre éstos destacan la Conciliación y la Mediación.
Pese a que en un primer acercamiento Conciliación y Mediación puedan parecer dos sistemas muy similares, existen notables diferencias entre ellos. La principal es la obligatoriedad que para las partes suele conllevar el proceso de conciliación –véase, como ejemplo, la exigida para poder acudir a la Jurisdicción Social, regulada en el artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social-, mientras que la Mediación requiere la voluntad clara y el acuerdo expreso de los interesados, sin que el tercero pueda proponer a las partes la solución adecuada. Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define “conciliar” como: “1. Poner de acuerdo a dos o más personas o cosas” y “mediar” como: “3. Actuar entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo en un pleito o negocio”. De esta definición se colige otra de las principales diferencias entre Conciliación y Mediación, y esta es la actividad que habrá de desarrollar el tercero –buscando el acuerdo en la Conciliación y procurando el diálogo en la Mediación-.

Los conflictos derivados de la circulación de vehículos a motor y ciclomotores se resuelven principalmente a través de la Jurisdicción. No obstante lo anterior, en los supuestos del artículo 621.3 del CP –en la inmensa mayoría de las ocasiones-, tras obtener el Informe de sanidad emitido por el Instituto de Medicina Legal del Partido judicial donde hubiese tenido lugar el accidente (o aquél a quien se encomendase tal función vía exhorto) las partes solían negociar con las compañías aseguradoras o incluso con el CCS una indemnización conforme con la referida pericial médica, evitando tener que acudir a la ejecución prevenida en los artículos 12 y siguientes de la LRCSCVM. Los supuestos sometidos a Arbitraje son nulos en esta materia, igual que aquellos sometidos a Conciliación. Frente a ello, desde el pasado uno de enero del corriente y conforme a lo prevenido en el artículo 14 de la LRCSCVM, las partes podrán acudir a Mediación para resolver los conflictos derivados de la valoración de la indemnización que, en su caso, pudiere corresponderle.

3.2.- La Mediación como método alternativo para la resolución de conflictos derivados de la circulación de vehículos a motor.
A la vista de lo señalado en el apartado anterior y atendiendo a la redacción actual del artículo 14 de la LRCSCVM -introducido por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación-, la Mediación es el método alternativo para resolución de conflictos preferido por el Legislador. El meritado artículo regula la aplicación de este proceso para aquellos supuestos en que exista disconformidad con la oferta o con la respuesta motivada del Asegurador, así como para resolver las demás controversias que pudieren surgir como consecuencia de un accidente de circulación.
La Mediación en asuntos civiles en España está regulada en la LMACM y la define en su artículo 1 como aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Conforme a lo regulado en el artículo 2.1 del citado texto legal, podrá someterse a Mediación la resolución de los conflictos derivados de la exigencia de una indemnización por las lesiones y por los daños sufridos a raíz de un accidente de tráfico; pues según el referido precepto, esta norma regirá la mediación de los asuntos civiles y/o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. Conforme a lo prevenido en el artículo 2.2.a) de la LMACM, la mediación penal quedará excluida, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta norma. No obstante lo anterior, como desarrollo de la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 2001/220/JAI, de 15 de marzo, relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal, los artículos 15, 29 y concordantes de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, sí prevén la posibilidad de acudir a sistemas de “Justicia restaurativa”. Al efecto, “Si aceptamos que el fenómeno delictivo es algo más que imponer y ejecutar una pena, es el momento de dar cabida a la justicia restaurativa y a uno de sus instrumentos: la mediación penal”13.

13 RUIZ SIERRA, Joana. Víctima y mediación penal [contenido online]. Noticias Jurídicas, Madrid [Fecha de consulta 18 de enero de 2016]. Disponible en web: http://goo.gl/LbVSk2

Antes de entrar a analizar la aplicabilidad de la Mediación en los conflictos surgidos como consecuencia de un accidente de tráfico, conviene destacar las características y los elementos definitorios de la misma. El artículo 1 de la propia LMACM contiene una definición de Mediación (“Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”), si bien la misma es bastante incompleta, pues no hace referencia a todos los elementos definitorios de ésta -los cuales se detallan en el Título II de la citada norma “Principios informadores de la mediación”-. Conforme a la LMACM los elementos definitorios de la Mediación son los siguientes:

1. Voluntariedad y libre disposición: Viene regulado en el artículo 6 de la LMACM, definiendo la Mediación como un procedimiento al que las partes han de acudir por voluntad propia y que terminará tan pronto como uno de los interesados decida ponerle fin -salvo que fuesen más de dos y el resto mantuviese la voluntad de continuar con el mismo-. La grandeza de la Mediación reside precisamente aquí, en la disponibilidad de las partes sobre el proceso, en la ausencia de obligatoriedad que permite presumir la predisposición de los interesados a alcanzar una solución negociada.
2. Igualdad de las partes: Previsto en el artículo 7 de la LMACM (“En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados…”) y fundamento principal para los detractores de la Mediación en el ámbito penal (reflejado para las víctimas de violencia de género en el artículo 87 ter.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), al considerar que la Mediación sólo será posible cuando la posición de las partes en la negociación sea equilibrada -dado que poco satisfactorio puede ser un acuerdo adoptado en una posición de debilidad-. La situación ideal se corresponde con dos negociadores en pie de igualdad, pero siendo la Mediación un proceso voluntario, los interesados sólo quedarán vinculados por aquellos acuerdos que estén dispuestos a asumir.
3. Imparcialidad de los mediadores: Igualmente definido en el artículo 7 de la LMACM, cuando dice que el proceso se desarrollará “sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas”. Conforme a lo anterior, la posición del mediador será imparcial o no será (ex artículo 8.4 de la LMACM).
4. Neutralidad: Recogida en el artículo 8 de la LMACM, consagra la posición del mediador como un tercero ajeno al conflicto que no podrá decidir sobre la mejor solución del mismo, debiendo limitarse a facilitar la comunicación asertiva entre las partes, a procurar que fluya la información entre éstas y a ayudarles partes a que sean capaces de alcanzar una solución consensuada al conflicto.
5. Confidencialidad: Formulado en el artículo 9 de la LMACM, este principio comporta que ni las partes implicadas ni el mediador podrán revelar la información ni la documentación que haya sido utilizada en el proceso; llegando a no tener que declarar salvo en procedimientos penales o cuando las partes renuncien a la confidencialidad. La Mediación necesita de la confianza mutua entre los interesados y que todos ellos cuenten con la información más completa y fidedigna posible. Por ende, el deber de confidencialidad existe para evitar que un mal uso de dicha información provoque una pérdida de confianza en la Mediación por parte de aquéllos que estuviesen interesados en servirse de ésta para tratar de solventar sus conflictos.
6. Flexibilidad: Viene recogido en el artículo 10 de la LMACM, definido por la Doctrina como “flexibilidad” -así lo expresa el profesor de la Universidad Católica de Argentina D. Jorge Guillermo Portela14-. Flexibilidad concebida como un reflejo del poder de disposición de las partes sobre el proceso, la inexistencia de plazos (salvo las limitaciones fijadas legalmente, como en el artículo 14.4 de la LRCSCVM o en el 19.4 de la LEC, por ejemplo) o normas procedimentales que encorseten a los intervinientes.
Otro de los elementos que merece la pena analizar son las distintas fases de que consta la Mediación, pues de ello puede extraerse más información sobre el proceso. Conforme al Título IV de la LMACM “Procedimiento de mediación” son cuatro las principales: 1. Solicitud de inicio; 2. Sesión informativa; 3. Sesión constitutiva y 4. Finalización del proceso. En cambio, para John M. Haynes, uno de los principales estudiosos de la Mediación a nivel internacional, existen nueve fases generales del proceso15, entre las que se incluyen algunas obviadas en la LMACM -por considerarlas previas al propio procedimiento-, tales como la “Identificación del problema”, el “Análisis y elección del ámbito de resolución del conflicto” y la “Elección del mediador”.

14 VV.AA.: “Mediación y solución de conflictos” (Soleto Muñoz, Helena y Otero Parga, Milagros), Tecnos, Madrid, 2007, páginas 216 y 217 (Capítulo 14).
15 Haynes, John Michael: “Fundamentos de la Mediación familiar”, Gaia ediciones, Madrid, 1995, páginas 11 y 12 (Capítulo 1).

Además de ello, Haynes considera como fases del proceso otros elementos que son más propios de la técnica profesional del mediador que del procedimiento en sí mismo, como la “Definición del problema”, la “Búsqueda de opciones” o la “Redefinición de posturas”. Para este autor, en definitiva, las fases de la mediación son: 1. Identificación del problema; 2. Análisis y elección del ámbito de resolución del conflicto; 3. Elección del mediador; 4. Recopilación de la información; 5. Definición del problema; 6. Búsqueda de opciones; 7. Redefinición de las posturas; 8. Negociación y 9. Redacción del acuerdo. Para un mejor análisis del proceso de mediación previsto en el artículo 14 de la LRCSCVM para la resolución de los conflictos derivados de los accidentes de circulación, es necesario valorar si en el mismo concurren todos los elementos referidos en los párrafos anteriores y si, en su caso, existen particularidades. Respecto a la legitimación para acudir a la Mediación como método alternativo para la resolución de conflictos, el artículo 14.2 de la citada norma previene que sólo podrán hacerlo los “perjudicados”. Según el artículo 36 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación: “Tienen la condición de sujetos perjudicados: a) La víctima del accidente. b) Las categorías de perjudicados mencionadas en el artículo 62, en caso de fallecimiento de la víctima”. En el punto segundo del meritado precepto se considera que sufren el mismo perjuicio resarcible que el cónyuge viudo los miembros supérstites de una pareja de hecho registrada o aquella persona que haya convivido de forma estable con el finado durante un mínimo de un año, inmediatamente anterior al fallecimiento, o un período inferior si tiene un hijo en común”. Por su parte, el artículo 76 de la LCS previene que tanto el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar. A estos efectos, para el ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido. Como resumen de lo anterior, y según el glosario de la DGSFP16, puede definirse el concepto de “perjudicado” como: “La persona a la que el asegurado causa un daño y que, en este tipo de seguros (de daños), recibirá la indemnización por parte del asegurado”. Siendo la Mediación un procedimiento voluntario y dispositivo para las partes, las compañías aseguradoras y el CCS, si bien no están facultadas para solicitar el inicio del proceso, tampoco están obligadas a someterse a éste; tal como se colige de la interpretación del citado artículo 14.2 de la LRCSCVM en relación con el artículo 14.1 del citado texto legal cuando señala: “…las partes podrán acudir al procedimiento de mediación de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Como se dijo, el artículo 6.1 de la LMACM prevé que: “La mediación es voluntaria”. El 6.3 señala además que nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.

16 DGSFP, Glosario [contenido online], Madrid [Fecha de consulta: 08 de febrero de 2016]. Disponible en la web: http://goo.gl/w9civa

Por ello, pese a que conforme al artículo 6.2 de la LMACM pudiera llegar a entenderse que “se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe” como un argumento a favor de la obligatoriedad de someterse a mediación por parte de los aseguradores o del CCS, dicho precepto está limitado a aquellos supuestos en los que las partes hayan pactado dicho procedimiento para la resolución de los conflictos que pudieren surgir entre ellos. Recordemos que el origen de la Mediación debe ser siempre consensual, nunca legal -pues en tal caso estaríamos sobrepasando los márgenes de la misma para introducirnos en el ámbito de la Conciliación- y que la voluntariedad es uno de los elementos definitorios de este método alternativo de resolución de conflictos. Tanto para los perjudicados como para las compañías aseguradoras y el CCS los procedimientos de mediación son voluntarios, de modo que podrán abandonarlos tan pronto como deseen y no están obligados a alcanzar un acuerdo en el seno de los mismos, ya que el artículo 14.1 de la LRCSCVM señala que “…las partes podrán acudir al procedimiento de mediación…”. El artículo 14.2 de la LRCSCVM exige al perjudicado una diligencia a la hora de solicitar el sometimiento del asunto a Mediación, cuando previene que en estos casos será el propio perjudicado quién pueda solicitar el inicio de una mediación, en el plazo máximo de dos meses a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada -o los informes periciales complementarios si su hubieran pedido- del Asegurador. El dies a quo queda por ende fijado desde la recepción de la oferta o respuesta motivada (según se ofrezca o no cantidad pecuniaria alguna) o los informes periciales complementarios, en caso de haberlos solicitado tras la oferta/respuesta motivada conforme a lo prevenido en el artículo 7.5 de la LRCSCVM. Dicha comunicación deberá efectuarse por el asegurador conforme a lo prevenido en el artículo 7.2 de la LRCSCVM en un plazo no superior a tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado. Tanto si se trata de lesiones como de daños materiales, el Asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización que cumpla los requisitos del artículo 7.3, si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará la respuesta motivada que cumpla los requisitos del artículo 7.4 de la LRCSCVM. El cómputo de los días se llevará a cabo conforme a lo prevenido en el artículo 5 del Código Civil: “…si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha”. En cuanto a la solicitud del procedimiento de mediación, no dando más detalles la LRCSCVM y existiendo una remisión expresa a la LMACM, deberá llevarse a cabo conforme a lo prevenido en el artículo 16 de la LMACM, bien de mutuo acuerdo entre las partes (con designación de mediador, el lugar de las sesiones y la lengua elegida) o a instancia de una de las partes. El punto segundo del referido precepto señala que el perjudicado podrá acudir al mediador que estime oportuno –siempre que éste reúna los requisitos legales-, vinculando al asegurador, cuando dice: “La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas”.

El procedimiento de mediación deberá iniciarse y seguirse ante profesionales especializados en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y en el sistema de valoración previsto en la LRCSCVM; para lo que deberán contar con la formación específica para ejercer la mediación en este ámbito, ex artículo 14.3 de la LRCSCVM. Del citado precepto se deducen dos requisitos sine que non para poder mediar en este tipo de procedimientos -ya sea una persona física o un órgano colegiado-: 1. Tener formación como mediador y 2. Tener formación específica en materia de responsabilidad civil (incluida la valoración del daño) derivada de accidentes de circulación. Los artículos 11 y 12 de la LMACM definen los criterios básicos para tener la condición de mediador, y señalan que podrán ser mediadores tanto las personas físicas como las jurídicas (si bien estas últimas “deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley”). Tanto en uno como en otro caso, no podrá ejercer la Mediación quien no se halle en “pleno ejercicio de sus derechos civiles” ni quienes tengan cualquier suerte de incompatibilidad. Para cubrir la responsabilidad que de una mala praxis pudiese derivarse, la legislación exige que el mediador contrate un seguro ad hoc (artículo 11.3 LMACM y Capítulo IV del RMACM). Respecto a los requisitos formativos son a dos niveles, por un lado deberán contar un título universitario o de formación profesional superior y, además, con una formación que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Se exige además de ello una formación continua homologada por el Ministerio de Justicia y por las demás administraciones públicas competentes (artículo 12 LMACM); quienes además deberán elaborar códigos de conducta voluntarios. Al efecto, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación civil y mercantil, concretan en su Capítulo II “Formación de los mediadores” tales requisitos formativos. En el artículo 3.2 del citado texto normativo señala que la formación del mediador se podrá adquirir en uno o varios cursos y que la misma deberá permitirle el dominio de las técnicas de la mediación y el desarrollo del procedimiento de acuerdo con los principios y garantías que establece la ley. Deberá prestarse especial atención en dichos cursos a los asuntos que no pueden ser sometidos a mediación; el respeto a los derechos y legítimas expectativas de terceros, así como la responsabilidad del mediador”. Se exige asimismo una formación teórico-práctica que permita una adecuada prestación del servicio (artículo 4 RMACM), con una duración mínima de cien horas de docencia efectiva. Conforme a lo prevenido en el artículo 14.3 de la LRCSCVM, las funciones del mediador incluirán, además de la de facilitar la comunicación entre las partes, la de asegurarse que están suficientemente informados y la de procurar que fluya la información entre las mismas, una actitud conciliadora y proactiva que les invite a alcanzar un acuerdo. En el artículo 14.4 del citado texto normativo se hace mención de las primeras actuaciones que habrá de llevar a cabo el mediador tan pronto como reciba la solicitud, y consiste en citar a las partes para la celebración de la sesión informativa que se describe en el artículo 17 de la LMACM –donde deberá participar a los asistentes la voluntariedad del proceso, la posibilidad de alcanzar un acuerdo o no y los elementos esenciales de la Mediación, de tal forma que éstos puedan tomar la decisión de iniciar o no la misma con conocimiento de causa-. El resto del proceso viene regulado en el Título IV de la LMAC “Procedimiento de mediación”, con una sesión constitutiva en la que las partes ponen por escrito su intención de someterse al proceso; una o varias sesiones más para procurar alcanzar acuerdos y, en su caso, una sesión final en la que se redactan los términos del acuerdo final de mediación. Para cuestiones en las que se reclame una cantidad no superior a los seiscientos euros (600,00 €) podrá llevarse a cabo una mediación telemática, en la que el proceso se desarrolla a través de medios electrónicos de forma más ágil y sencilla. Dicho procedimiento se regula en el Capítulo V “El procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos” de la LMACM. La norma legal nada dice sobre el lugar de la Mediación, si bien, conforme al artículo 10.2 de la LMACM (“Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo”), deberá ajustarse a las necesidades del solicitante sin que, con ello, se haga especialmente gravoso para la aseguradora; principalmente porque siendo un proceso voluntario no conviene ponerle difícil acudir al mismo. En cuanto a la duración máxima de la Mediación, el 14.4 de la LRCSCVM habla de un plazo nunca superior a los tres meses, sin perjuicio de lo cual, conforme a lo prevenido en el artículo 20 de la LMACM, éste deberá ser el menor posible –con el referido límite de tres meses-. Los acuerdos de mediación, engloben o no la totalidad de los asuntos en litigio (artículo 23.1 de la LMACM), podrán ser elevados a escritura pública y ésta tendrá fuerza ejecutiva conforme a lo prevenido en los artículos 25 LMACM y 517.2.2º de la LEC. La ejecutividad será ante el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al Partido Judicial del lugar donde se firmó el acuerdo de mediación (artículos 26 de la LMACM y 545.2 de la LEC). Conforme a lo prevenido en el artículo 23.4 de la LMACM, en relación con los artículos 1300 y siguientes del Código Civil, sólo podrá ejercitarse una acción de nulidad contra el acuerdo final de mediación por las causas que invalidad los contratos.

3.3.- La trascendencia de la Mediación desde el punto vista del Derecho Público. El intervencionismo público sobre el sector asegurador obedece a la pujanza e importancia del mismo desde antiguo, siendo considerado uno de los sectores susceptibles de crear un riesgo sistémico, por tratarse de un producto de contratación generalizada, muy útil para aunar seguridad y agilidad en el tráfico jurídico, basado en la confianza. La intervención de la Administración (en nuestro caso la DGSFP por delegación del Ministerio de Economía y Competitividad, o incluso el Ministerio directamente) tiene reflejo en tres momentos diferentes: 1. Autorización administrativa; 2. Actividad de supervisión y 3. Revocación o liquidación de la entidad aseguradora; por ende tiene facultades para valorar que en sus inicios cumple con los requisitos legales; que durante su vida social los mantiene y que, en caso de ser necesario, con su liquidación produce el menor daño posible al sistema. Es lo que define por la Doctrina más autorizada como “acceso, ejercicio y extinción de la actividad aseguradora”17, alcanzando también la garantía de los derechos de los asegurados. La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras ha supuesto una reforma de calado en el sistema de intervención pública en el sector asegurador español; como instrumento para la trasposición de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio; la conocida como “Solvencia II”. Tal como señala en la Exposición de motivos: “La Directiva Solvencia II supone un notable ejercicio de armonización que pretende facilitar el acceso y ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras puedan operar en un único mercado interior”. El artículo 109.1 de la LOSSEAR previene que será la DGSFP quien ejerza las funciones de supervisión sobre las entidades aseguradoras y reaseguradoras autorizadas y en el 109.2 que la misma consistirá en la verificación continua del adecuado ejercicio de la actividad de seguro o reaseguro, de la situación financiera y de las conductas de mercado, así como del cumplimiento de la normativa de supervisión por parte de las entidades aseguradoras o reaseguradoras”. Por su parte, el artículo 96.2 de la LOSSEAR previene que con carácter precio a la celebración de un contrato de seguro distinto al de vida -si el tomador es una persona física-, o en cualquier contrato de seguro de vida, la entidad aseguradora deberá informar por escrito al tomador sobre la legislación aplicable al contrato, sobre las disposiciones relativas a las reclamaciones que puedan formularse y sobre los demás extremos que se determinen reglamentariamente. En el artículo 97.1 de la LOSSEAR confía a los jueces y tribunales competentes la resolución de los conflictos que pudieren surgir entre tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de ellos con entidades aseguradoras. No obstante lo anterior, el 97.3 de la LOSSEAR previene que también podrán solventarse tales controversias a través de un proceso de mediación. Conforme a lo anterior, resulta obvio que también en la LOSSEAR se confía la resolución de los conflictos derivados del contrato de seguro a la Mediación como método alternativo a la vía judicial y arbitral.

17 VV.AA.: “Parte especial del Derecho Administrativo” (Enrique Linde Paniagua), Colex, Madrid, 2012, páginas 216 y 217 (Capítulo III).

Pese a que de una interpretación estricta del artículo 97.3 de la LOSSEAR pudiera colegirse que sólo serán admisibles en Derecho los procesos de mediación seguidos ante un único profesional (“…someter sus divergencias a un mediador…”), dicha situación parece más el resultado de una desafortunada redacción de la norma que una declaración de intenciones del Legislador. Para la regulación y desarrollo del proceso de mediación nos remitimos a lo detallado ya en el punto anterior por cuanto se hace una remisión expresa al texto de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Los principios de voluntariedad, libre disposición del proceso por las partes, independencia del mediador, igualdad de los comparecientes ante el mismo, duración del procedimiento, materias susceptibles de ser objeto de éste y, también, de la ejecutividad del acuerdo alcanzado por ambos si se documenta en una escritura pública.

3.4.- Inclusión de la Mediación en la cobertura de los seguros de Defensa Jurídica. Con la transformación que ha traído consigo la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, los tradicionales límites cubiertos por el Seguro de defensa jurídica han quedado obsoletos. Antes, con los seiscientos euros (600,00 €) que incluían las pólizas más básicas, era suficiente para afrontar los honorarios del letrado que, en su caso, hubiese elegido el asegurado. Actualmente, son muchos más los gastos que deben afrontarse para reclamar una indemnización por las lesiones y/o daños materiales sufridos como consecuencia de un accidente de circulación. Junto con los honorarios de letrado habrá que afrontar también los de un procurador (ahora las reclamaciones son en vía civil); solicitar y abonar una pericial médica (generalmente se factura por separado la redacción del informe y su ulterior ratificación en juicio) o satisfacer los gastos de una mediación –en caso de ser precisa-. Estos costes deberían tener reflejo en las pólizas que se están contratando, y en las que se habrán de contratar en el futuro, principalmente en las de defensa jurídica, para garantizar a los asegurados una buena defensa. El artículo 76a de la LCS señala que, en virtud de este acuerdo, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral. Además de ello, deberá prestar al Asegurado los servicios de asistencia jurídica procesal y extraprocesal derivados de la cobertura del seguro. Conforme al mismo, para evitar incurrir en un infra aseguramiento y que los tomadores dejen de entender interesante la suscripción de este tipo de pólizas, conviene actualizar el importe de las mismas. Respecto a la Mediación, de igual forma que corresponde a los aseguradores el abono de las periciales que, en su caso, fuesen precisas para una adecuada valoración del daño –artículo 7.2 y 5 de la LRCSCVM-, de igual modo debería incluirse el sometimiento a un proceso de mediación, como un tertium genus entre la satisfacción de las pruebas periciales y el sometimiento a arbitraje previsto en el artículo 76e de la LCS para los seguros de defensa jurídica. Esta medida podría conllevar importantes ahorros para asegurado –por no tener que hacer frente al desembolso de honorarios- y para el asegurador –pues evitaría pleitos, abogados, procuradores, intereses y costas procesales-.

4.- CONCLUSIONES

Los métodos alternativos para la resolución de conflictos (ya sea el Arbitraje, la Conciliación o la Mediación) surgen como respuesta de la sociedad civil y de la clase empresarial ante una Justicia sobrepasada, en parte obsoleta y anclada en sistemas procesales decimonónicos que exigen una ingente cantidad de tiempo y de dinero para solventar una controversia que, por lo general, termina empeorando la relación entre las partes litigantes y rompiendo relaciones contractuales que, en muchos casos, podrían seguir siendo necesarias –o cuanto menos interesantes- para ambos. En la práctica judicial eran muy comunes los juicios de faltas derivados de las lesiones y de los daños materiales sufridos como consecuencia de un accidente de circulación; tan es así que en el año 2014 (el último del que existen datos oficiales) las estadísticas reflejan 91.570 siniestros para un parque automovilístico de 30.976.047 vehículos, es decir, una media de 2,95 siniestros por cada mil vehículos a motor matriculados en España. Tales procedimientos, amparados en su gran mayoría en el criterio de la “culpa levísima” prevista y penada en el artículo 621.3 del CP (sin contenido tras la reforma operada en el Código Penal por la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo), terminaban mediante auto de cuantía máxima en virtud del cual el perjudicado tenía expedita la vía civil para reclamar una indemnización económica, sin que la actuación del culpable fuese merecedora de reproche penal (conforme al referido precepto legal podía imponérsele una multa de entre diez y treinta días). Dicho auto tenía naturaleza de título ejecutivo ex artículo 517.2.8º de la LEC. No siendo la conducta prevista y penada en el artículo 621.3 del CP digna de reproche penal para la Doctrina ni para la Jurisprudencia, el Legislador ha optado por despenalizarla y remitir a los lesionados –cuando no concurra un grado de culpa mínimo- a la vía civil, ya sea judicial o extrajudicialmente.

Tras la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, el pasado día uno de julio la forma de reclamar una indemnización por las lesiones y/o daños materiales sufridos en un accidente de tráfico -bien al causante o bien a su aseguradora (en virtud de la acción directa prevista en el párrafo segundo del artículo 7.1 de la LRCSCVM)-, deberá llevarse a cabo de una forma más elaborada, pues en primer lugar los perjudicados tendrán que encargar una prueba pericial médica en la que se le valore el daño sufrido conforme al nuevo baremo incorporado a la LRCSCMV por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Una vez obtenido dicho informe, el perjudicado deberá reclamar a la compañía aseguradora del responsable una indemnización conforme al mismo, a cuyo efecto deberá remitirle toda la información que obre en su poder y esperar a que ésta le envíe una oferta motivada –cuando considere que debe indemnizarle- o una respuesta motivada –cuando el asegurador entienda que no procede abonar cuantía alguna por tal concepto- conforme a lo prevenido en el artículo 7.1 a 4 de la LRCSCVM. Si el resultado de dicha comunicación no es el esperado, el perjudicado tendrá expedita la vía civil para reclamar judicialmente –ya sea en un juicio declarativo verbal u ordinario, según la cuantía reclamada-. Con el procedimiento actual para reclamar una indemnización el perjudicado se ve obligado a soportar una serie de gastos que pueden surtir el efecto de disuadirle de su legítimo derecho a reclamar. Para evitar que la víctima de un accidente de tráfico tenga que soportar, además de los gastos propios de las pruebas periciales, los honorarios de un abogado y un procurador para reclamar judicialmente una indemnización conforme a Derecho, la LRCSCVM le permite dirimir sus desencuentros en un procedimiento de mediación, en el que si bien es cierto que pueden acudir asistidos por expertos en la materia, no lo es menos que igualmente pueden desenvolverse en el proceso sin abogado y, sobre todo, sin procurador. El de mediación es un proceso voluntario y sometido a la libre disposición de las partes, en el que las mismas no están obligadas a alcanzar un acuerdo ni sometidas a la voluntad de un tercero para que éste les imponga una solución a su desencuentro.

En el proceso de mediación los interesados deberán poner en común cuanta información obre en su poder sobre el asunto en cuestión –dicha información no podrá ser utilizada fuera de ese contexto por los demás sujetos implicados- y, desde la buena fe, deberán procurar alcanzar un acuerdo, cuando sea posible, en el menor número de sesiones posible. En todo caso antes de que hayan transcurrido tres meses desde el inicio del proceso. Para resolver las controversias que puedan surgir entre perjudicado y asegurador sobre la oferta motivada, la ausencia de ésta y, en general, para cualquier controversia que pueda surgir entre los mismos, el primero puede solicitar (en el plazo de dos meses desde la recepción de la oferta o de la respuesta motivada, o desde la de los informes periciales que se interesasen con carácter complementario) someter la resolución de su conflicto a un proceso de mediación, el cual deberá estar dirigido por un mediador u organismo de mediación debidamente cualificado. El proceso de mediación es ágil y sencillo, dúctil además a las necesidades y/o a la mera voluntad de las partes; sin más formalismos que la necesidad de celebrar una sesión informativa previa, una sesión constitutiva en la que los interesados se comprometen a seguir el proceso –hasta donde entiendan oportuno- y, si se alcanza un acuerdo, la formalización del mismo en un acta final –la cual, si se eleva a público, tendrá pleno efecto ejecutivo ante los tribunales de justicia-. Tratándose de un modelo consensual, las partes sólo alcanzarán un acuerdo que estén dispuestas a cumplir. En el presente caso, será el asegurador o el culpable del siniestro quienes deban responder, pues los términos del acta final consistirán en una obligación de pago u obligación de hacer a favor del perjudicado, para indemnizarle por las lesiones y/o daños materiales sufridos como consecuencia del accidente de tráfico en objeto del proceso.

Conforme a lo anterior, el proceso de mediación es más ágil, sencillo y efectivo para las partes que un procedimiento jurisdiccional, pues les permite ahorrar tiempo, dinero y mantener o establecer relaciones mercantiles entre sí, dado el nivel de confianza que genera la resolución de su controversia a través de un proceso autocompositivo. Pese a que pudiera parecer que las compañías aseguradoras no se sentirán tentadas a solventar los conflictos que puedan surgir como consecuencia de los hechos de la circulación en un proceso de esta naturaleza, la práctica les llevará a comprobar que las soluciones autocompositivas evitan que las partes rompan relaciones y, además, les permite controlar el resultado de la reclamación –extremo que no ocurre en los órganos jurisdiccionales-. Por ende, la Mediación se erige como un proceso óptimo para evitar que, con la nueva regulación del procedimiento para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos en un accidente de circulación, perjudicado y asegurador se vean inmersos un proceso caro, largo y tedioso.

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