NO, GRACIAS

SatelliteEl proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante “LECrim”) comprende una importante novedad: la asunción por parte del Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación criminal, es decir, de las funciones que actualmente vienen desempeñando los Juzgados de Instrucción; relevando por ende a jueces y magistrados en tales tareas.

En la gran mayoría de los Estados de nuestro entorno la investigación del delito se encomienda al Ministerio Fiscal, de quien por ende dependerá la Policía Judicial (artículos 55.2 y 433 de la nueva LECrim); siempre bajo el control judicial.

Para tales funciones, la Fiscalía actuará con sujeción  a los principios de Legalidad e Imparcialidad (artículos 57 y 59 de la LECrim); creándose ex profeso la figura del “Fiscal responsable de la investigación”. En aquellos casos en que la denuncia sea archivada, las partes interesadas podrán recurrir tal decisión ante el Juez de Garantías (nueva figura). Otro tanto podrá hacerse en caso de que la Fiscalía denegase la práctica de alguna/s diligencia/s de prueba interesada/s por la Defensa. Además de lo anterior, todas las diligencias de investigación que acuerde el fiscal requerirán la previa autorización judicial, cuando puedan verse afectados derechos fundamentales.

Señala el Ministerio de Justicia lo siguiente: “Cuando el juez investiga la posible existencia de un delito, parece como si ya estuviese juzgando y las diligencias que practica como si ya fuesen pruebas; sin embargo, las únicas pruebas válidas para juzgar a una persona son aquellas que se determinan en el juicio oral. Por tanto, una cosa es la investigación y otra distinta es decidir, una vez concluida ésta, si existen elementos suficientes para acusar y, en su caso, proceder a la apertura de un juicio y, posteriormente, a la celebración del mismo. En suma, con el nuevo modelo de proceso penal la investigación la dirige el fiscal y el proceso de investigación es controlado por el juez“.

Una vez concluida la fase de investigación, si para la Fiscalía existe prueba suficiente, ésta ejercerá la acción penal (a través del escrito de acusación) ante el “Juez de la Audiencia Preliminar” (nueva figura) celebrando el denominado “Juicio de acusación”. Si el juez considera que existen motivos para procesar, se iniciará ante otro juez o tribunal el juicio oral en el que se decidirá la culpabilidad o la inocencia de los acusados.

El legislador se ha concentrado en favorecer los derechos esenciales del imputado, posibilitándole un amplio sistema de recursos ante el Juzgado de Garantías, lo cual es loable. No obstante lo anterior, el Ministerio Fiscal continuará estando jerarquizado, dependiendo de la Fiscalía General del Estado -nombrada a instancias del Gobierno-, lo cual puede dar lugar a situaciones de impunidad. A tal efecto baste observar la actuación de diversos fiscales anticorrupción en asuntos tan notorios como la imputación de la infanta Cristina; el de la esposa del Sr. Presidente de la Comunidad de Madrid o en el asunto del Sr. Blesa (BANKIA).

Mientras la Fiscalía continúe estando jerarquizada, mientras dependa del poder político, no podemos menos que mostrar nuestra más sincera reticencia a que el Ministerio Fiscal asuma la actividad instructora en detrimento de un poder judicial que ha demostrado sobradamente su independencia y sometimiento a la Ley (principalmente en las instancias más básicas, donde es menor la “contaminación política”).

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