NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

TS187Otra de las reformas trascendentales que se proyecta realizar al Código Penal de mil novecientos noventa y cinco es la relativa a las Medidas de Seguridad, evolucionando hacia un sistema dualista penal, en el que la peligrosidad del autor y la gravedad del hecho delictivo puede conllevar una medida de seguridad más restrictiva de derechos que la propia pena.

El sistema Vicarial, actualmente vigente, tiende a evitar la acumulación de pena y medida de seguridad por un mismo hecho, debiendo aplicarse ambas de forma consecutiva e independiente, por lo que se ejecuta en primer lugar la medida y, tras su cumplimiento, se aplica la pena, reduciendo el tiempo empleado en la primera (cuando no se deja en suspenso directamente).

Por el contrario, con el nuevo sistema (dualista), se diferencian pena y medida de seguridad, fundándose la primera en la “culpabilidad” del hecho y la segunda en la “gravedad” del mismo. Esta diferenciación permite su imposición conjunta sin contradecir el principio non bis in ídem.

No obstante lo anterior, se mantiene el sistema Vicarial para las medidas consistentes en internamiento en centro psiquiátrico; en centro de educación especial y, con algunos matices, en centro de deshabituación (en este caso sí se simultanean pena y medida de seguridad). Cuando puedan imponerse varias a la vez, deberá optarse por la menos gravosa de entre las eficaces, e incluso aplicarlas conjuntamente.

Cuando resulte necesario para evitar el peligro que su presencia en sociedad representaría, podrá prorrogarse la medida de internamiento en centro psiquiátrico (supuestos del 20.1º del Código Penal, o como eximente incompleta), por periodos prorrogables de hasta cinco años, cada uno de ellos.

Al efecto, señala el proyectado nuevo artículo 95 del Código Penal: “1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, cuando concurran las siguientes circunstancias: 1. Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 2. Que del hecho y de las demás circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. 3. Que la imposición de una medida de seguridad resulte necesaria para compensar, al menos parcialmente, la peligrosidad del sujeto”.

Junto con las citadas medidas de seguridad conviven otras no privativas de libertad: la Prohibición de Ejercicio de Actividad Profesional; la Expulsión del Territorio Nacional de Extranjeros; y la Libertad Vigilada. Esta última, introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, es la plasmación misma del sistema dualista, pues podrá imponerse cuando concurran los siguientes requisitos:

  1. Que la imposición de la medida de seguridad esté prevista en la Ley Penal para el delito cometido (principalmente sexuales).
  2. Que se haya impuesto al sujeto una pena de más de un año de prisión.
  3. Que exista una peligrosidad objetiva en el sujeto y que la imposición de la medida de seguridad resulte necesaria para compensar dicha peligrosidad.

También podrá imponerse cuando haya sido absuelto por un circunstancia eximente del artículo 20.1º, 2º o 3º del Código Penal o la incompleta del 21.1º y se den los requisitos del apartado C anterior; o cuando se haya acordado el cese de una medida privativa de libertad.

En todo, se impondrá la medida de Libertad Vigilada cuando se suspenda la ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad y cuando concluya o se decrete el fin de una privativa de seguridad, pero resulte necesario para compensar el riesgo de comisión de nuevos delitos.

Dicha medida de seguridad de Libertad Vigilada podrá estar acompañada de otra serie de medidas, tales como la prohibición de aproximarse a la víctima o a otros miembros de su familia, trabajo u otros lugares habitualmente frecuentados por éstos; de establecer contacto con determinadas personas o grupos; mantener su lugar de residencia en/lejos de un lugar determinado; privación del derecho de conducir vehículos, de portar/tener armas, etcétera (proyecto de nuevo artículo 104.bis del Código Penal).

La Libertad Vigilada tendrá una duración de entre tres y cinco años, prorrogables por iguales plazos; aunque podrá ser reconsiderada por el juez de Vigilancia Penitenciaria, si hubiesen remitido las circunstancias que hicieron necesaria su adopción. Para el cómputo de dichos plazos no se tendrá en consideración el tiempo que el sujeto permanezca privado de libertad –por otros hechos-, quedando entretanto en suspenso dicha medida de seguridad.

Para los ciudadanos extranjeros, la adopción de cualquier medida de seguridad podrá ser sustituida por la expulsión de España –siempre que no resulte excesivamente gravosa tal sustitución-. Respecto de los ciudadanos de los Estados Miembro de la Unión Europea, sólo procederá la expulsión cuando: hubiese sido condenado por uno/más delitos contra la vida, la libertad, la integridad física o contra la libertad e indemnidad sexuales castigados con penas de más de tres años de prisión; cuando exista una peligrosidad notoria de reincidencia; o cuando represente una grave amenaza para el orden y la seguridad pública (conforme a la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril).

Por todo ello, el Proyecto de Ley representa una auténtica revolución -siguiendo la línea tímidamente marcada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio-, potenciando la Libertad Vigilada y regulando de forma más pormenorizada el resto de Medidas de Seguridad, lo cual implicará una mayor litigiosidad ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, a quienes corresponderá la imposición, ponderación y remisión de las Medidas de Seguridad, especialmente la de Libertad Vigilada – para lo cual requerirán de una mayor dotación de medios y personal; dado el número de solicitudes de revisión de medidas que se presentarán anualmente ante dichos órganos judiciales y la complejidad de su resolución-.

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