PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La prisión permanente revisable es, sin lugar a dudas, el apartado más novedoso y polémico del proyecto de ley de reforma del Código Penal,  sobre el que ya han corrido ríos de tinta, tanto a favor como contra la misma, dado su dudoso encaje constitucional.

El artículo 17.1 de la Constitución Española señala que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley”; mientras que el 25.2 señala que: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Los conceptos de “reeducación y reinserción social” parecen confrontar con la prisión permanente revisable, sin embargo el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable a su instauración, pues tal como consta en la Exposición de Motivos de referencia: “Lo que determina la inhumanidad de una pena es la falta de un horizonte de libertad que, en la prisión permanente revisable, garantiza la existencia de un procedimiento judicial continuado de revisión” (siguiendo la línea del Tribunal Constitucional alemán).

La prisión permanente revisable existe actualmente en diversos países europeos de nuestro entorno, tales como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia y es aceptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante “TEDH”) en sus sentencias de doce de febrero de dos mil ocho –Kafkaris vs. Chipre- y de tres de noviembre de dos mil nueve –Meixer vs. Alemania-.

En la primera de las resoluciones del TEDH –Kafkaris vs. Chipre-, respecto de la cadena perpetua y su ajuste al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales señala (“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”): “98. Para determinar si una sentencia de cadena perpetua en un caso dado puede considerarse irreductible, la Corte ha tratado de determinar si un prisionero de por vida puede decirse que tiene alguna posibilidad de liberación. Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el tema revela que cuando la legislación nacional permite la posibilidad de revisión de una sentencia de por vida, con miras a su conmutación, remisión, cese o a la libertad provisional del detenido, esto será suficiente para satisfacer el artículo 3. La Corte ha sostenido, por ejemplo, en una serie de casos que, en su detención fue objeto de revisión a efectos de libertad condicional después de que expire el plazo mínimo de servicio de la cadena perpetua en cuestión había sido privados de toda esperanza de liberación (véase, por ejemplo, Stanford, antas citada, Colina vs. Reino Unido –diciembre, nº 19365/02, de 18 de marzo de 2003- y Wynne, antes citada). La Corte ha encontrado que este es el caso, incluso en ausencia de una pena mínima de prisión incondicional, e incluso cuando la posibilidad de la libertad condicional para los reclusos condenados a cadena perpetua es limitado (véase, por ejemplo, Einhorn, antes citada). De ello resulta que la cadena perpetua no se convierte en –irreductible- por el mero hecho de que en la práctica pueda ser cumplida en su totalidad. Es suficiente para los fines del artículo 3 que la cadena perpetua sea de iure y de facto, reducible”.

No obstante lo anterior, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el veinticuatro de septiembre de dos mil tres la Recomendación (2003) 22, sobre la libertad condicional, en la que: “”El Comité de Ministros, en los términos del artículo 15.b del Estatuto del Consejo de Europa, teniendo en cuenta que está en el Consejo de intereses de los Estados Miembros de Europa establecer principios comunes en materia de ejecución de las penas privativas de libertad con el fin de fortalecer la cooperación internacional en este campo; reconociendo que la libertad condicional es uno de los medios más eficaces y constructivos para la prevención de la reincidencia y para promover el reasentamiento…Considerando, por lo tanto, que es conveniente reducir la duración de las penas de prisión tanto como sea posible”.

 En el Anexo a la citada Recomendación (2003) 22, se marcan como principios generales, entre otros: “4 (a). Con el fin de reducir los efectos nocivos del encarcelamiento y para promover la reinserción de los presos en condiciones que tratan de garantizar la seguridad de la comunidad externar, la ley debe hacer la libertad condicional disponible para todos los presos condenados, entre ellos los condenados  a cadena perpetua. 6. El período mínimo o fijo no debe ser tan largo que el propósito de la liberación condicional no se pueda lograr”.

Hasta la reforma del Código Penal llevada a cabo durante la II República, en mil novecientos treinta y dos, en España coexistían dos tipos de penas privativas de libertad de carácter perpetuo: la “cadena perpetua” y la “reclusión perpetua” (el artículo 29 del Código Penal de 1870 señalaba: “Los condenados a las penas de cadena, reclusión y relegación perpetuas y a la de extrañamiento perpetuo serán indultados a los treinta años de cumplimiento de la condena, a no ser que por su conducta o por otras circunstancias graves, no fuesen dignos de indulto, a  juicio del Gobierno”), ya entonces tenía carácter revisable, si bien a instancias del Gobierno y sin fijar unos criterios ad hoc.

En el proyecto de ley, si bien existe una regulación más completa del procedimiento que en mil ochocientos setenta (aunque aún insuficiente), siguen siendo difusos los criterios oportunos para conceder al reo la libertad condicional y el resto de beneficios penitenciarios, pues en el artículo 36.1 señala: “…deberá ser autorizada por el Tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social…”.

Independientemente del procedimiento, que deberá completarse en fase parlamentaria, la institución de la Prisión Permanente Revisable implica la asunción de un cambio de política penal y penitenciaria, renunciando –en circunstancias especiales- a la función reeducadora y reinsertadora que el artículo 25.2 de la Constitución atribuye a las penas privativas de libertad, pues el carácter permanente de la condena presenta un carácter más propio de las medidas de seguridad –también reformadas en el presente proyecto de ley- que de una pena retributiva, confinando al recluso para evitar que pueda cometer nuevos delitos.

Si bien es cierto que la jurisprudencia del TEDH no es contraria a la Prisión Permanente Revisable, y que es una medida extendida en los países de nuestro entorno, no lo es menos que dicha medida contradice los convenios internacionales y recomendaciones del Consejo de Europa ratificados y/o suscritos por España, en los que se aboga por una reducción de las penas privativas de libertad, debiendo primar la reinserción del reo sobre la retribución de la pena y es que, parafraseando a Ferrajoli, “ni el delito es un mal en sí porque esté prohibido, ni la pena es un bien en sí porque se la aplique como consecuencia de un delito”.

La medida es indudablemente populista, pues encuentra justificación en la atrocidad de las conductas condenadas con la Prisión Permanente Revisable (magnicidios, genocidios, crímenes de lesa humanidad o asesinatos especialmente graves), si bien su implantación contradice la línea seguida por el legislador español desde mil novecientos treinta y dos, así como la líneas maestras del Derecho Penal europeo, dirigidas hacia una reducción de las penas –conviene recordar que nuestra población reclusa es la más alta de Europa (sólo superada por Polonia y Turquía), con un crecimiento del sesenta y tres con ochenta y nueve por ciento (63,89 %) entre los años dos mil y dos mil diez según EUROSTAT-.

Como conclusión, si bien es cierto que la Prisión Permanente Revisable es común en los países de nuestro entorno y viene amparada por el TEDH, no lo es menos que su ajuste al artículo 25.2 de la Constitución resulta complicado, pues la función reeducadora y reinsertadora de una pena privativa de libertad en la que el reo no podrá ser calificado en Tercer Grado hasta un mínimo de dieciocho años después de su condena (cuando menos), sin articular mecanismos específicos para su reasentamiento social, sin discriminar situaciones concretas del penado (tales como la edad, el estado de salud, etcétera), lleva a pensar que tal condena obedece más a una satisfacción de las víctimas y su entorno que la reinserción del delincuente.

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